El dramático caso del martes en Jamundí (Valle), cuando un hombre fue linchado por sus enardecidos vecinos luego de que arrojara a su hija de cinco años desde el tercer piso de un edificio, constituye una nueva alerta para las autoridades y la sociedad.

Es innegable que el atroz crimen perpetrado por el progenitor no podía quedar impune. De haber sido capturado y enjuiciado habría sido condenado a −mínimo− 50 años de cárcel.

Sin embargo, esto no se concretó porque tras el asesinato de la menor, los vecinos reaccionaron y no solo impidieron que el homicida también arrojara a su otra hija por el balcón, sino que procedieron a agredirlo con palos, patadas y otros objetos. Incluso cuando llegó la Policía se presentaron roces con los uniformados. Finalmente, el homicida fue evacuado y murió horas más tarde en el hospital por la grave golpiza.

Hay un preocupante aumento en los últimos tiempos de los mal llamados casos de ‘justicia por propia mano’. Es decir, cuando las víctimas o la ciudadanía reaccionan ante los criminales, no para neutralizarlos y entregarlos a las autoridades, sino para agredirlos con violencia. Una especie de venganza desesperada y colectiva que −la gente lo sabe− constituye un delito. Lamentablemente, las redes sociales contribuyen a amplificar esta problemática con múltiples vídeos y mensajes en donde estas situaciones se muestran como un proceder legítimo y justificado. La excusa es que el accionar delincuencial es cada día más bárbaro y desbordado, las autoridades no actúan a tiempo y la justicia no castiga drásticamente a los criminales…

Aunque no hay estadísticas precisas sobre casos de ‘justicia por propia mano’ en años recientes ni tampoco de personas procesadas y condenadas por agresiones a presuntos delincuentes, no es un tema menor. De hecho, la Policía y Fiscalía advirtieron que a los involucrados en la golpiza mortal al padre asesino de Jamundí los procesarán por homicidio y se exponen a penas altas de prisión.

No es un asunto que se limite solo a definir los linderos de la legítima defensa individual o colectiva. Ni tampoco se supedita al dilema jurídico de si hubo o no una causal de ira e intenso dolor colectivos que impidió calcular la proporcionalidad de la reacción ante el crimen atroz. Lo que subsiste es un grave y desinstitucionalizador fenómeno sociológico en una sociedad victimizada que busca castigar con violencia al victimario, asumiendo una labor exclusiva y excluyente del Estado.