A menos de un mes para que los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles elegidos el pasado 29 de octubre comiencen a ejercer, hay una serie de temas que empiezan a prender alertas tempranas en los entrantes dignatarios.
De un lado, no pocos titulares de los ejecutivos departamentales y municipales han advertido que en el transcurso de los empalmes se ha evidenciado que hay un abuso patente con la figura de las vigencias presupuestales futuras. La queja más recurrente es que esta herramienta, que cuando se activó estaba pensada como un mecanismo excepcional y para obras, programas y proyectos de alto calado y estructurales, se ha venido alejando cada vez más de ese objetivo inicial, al punto que terminó convertida en un instrumento gubernativo de uso cotidiano y con objetivos no necesariamente de importancia estratégica.
Acorde con la normatividad vigente, las llamadas “vigencias futuras ordinarias” son aquellas donde la ejecución se inicia afectando el presupuesto del año en curso y el objeto del compromiso se lleva a cabo en cada una de las vigencias futuras autorizadas. Hay condiciones muy puntuales, como que las vigencias, el plazo y las condiciones de las mismas consulten las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. También hay un porcentaje mínimo en materia de apropiación de recursos, así como de las instancias de autorización, trátese de asuntos de orden nacional, regional o local.
Ya en varias ocasiones distintas instancias y entes de control han alertado que es necesario regular de manera más precisa esta figura de las vigencias presupuestales futuras, sobre todo para asegurar que se solicitan para asuntos excepcionales y claramente enfocados a financiar obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías del modelo de concesiones.
Ese control es necesario, ya que muchos alcaldes y gobernadores asumen teniendo comprometida buena parte de los recursos de la vigencia presupuestal respectiva, lo que restringe en forma sustancial la posibilidad de que puedan arrancar sus respectivos planes de desarrollo y cumplir con las promesas que hicieron en campaña.
Es imperativo que se encuentre un mecanismo más eficaz y permanente que permita que los mandatarios entrantes no encuentren, como se dice popularmente, la ‘olla raspada’ en materia presupuestal y estén prácticamente obligados a seguir en el mismo desgastante círculo vicioso de financiar ‘al debe’ su gestión, con el consecuente riesgo fiscal intrínseco.