El proyecto de reforma a la salud es, sin duda alguna, la apuesta más grande en materia legislativa para el último tramo de la legislatura cuatrienal, que comenzará a mediados de marzo y terminará en junio. La iniciativa ya fue aprobada en la comisión respectiva y plenaria del Senado.
La discusión, entonces, está ahora en la Comisión Séptima de la Cámara, en donde los debates han estado muy candentes, al punto que la confección de la ponencia se demoró más de lo esperado, pues las previsiones del Gobierno y de los impulsores de la reforma eran que la iniciativa pudiera ser aprobada totalmente en diciembre pasado.
Sin embargo, fue evidente que cumplir ese pronóstico era bastante complicado, pues en la reforma hay temas que continúan generando mucha controversia como el papel de las gestoras -que reemplazarán a las EPS-, el ámbito de cobertura de los planes en materia de tratamientos y medicamentos, el financiamiento a largo plazo del sistema, la integración vertical entre aseguradoras y cadenas de hospitales y clínicas, la oferta de especialistas, fórmulas para asegurar la sobrevivencia de los hospitales públicos y las nuevas condiciones para la red de prestadores, entre otros aspectos.
Dada la complejidad del tema, es obvio que debe aprovecharse las más de ocho semanas que faltan para que se reinicie la legislatura. Por ejemplo, debe introducirse mayor dinámica el proceso de las audiencias públicas regionales que faltan. Si bien es cierto que estos foros en departamentos y ciudades son clave para enriquecer el articulado e integrar al mismo los mecanismos que los usuarios al sistema de salud sugieran para mejorar la calidad y cobertura del mismo, es necesario, si la intención es que la reforma sea aprobada antes de junio, acelerar el paso de las audiencias regionales.
Las conclusiones de esos foros deben tenerse en cuenta para que, por fin, se concrete el texto de la ponencia. Los encargados de esta tarea han coincidido en afirmar que la iniciativa debe seguir adelante, lo que despeja las dudas en torno el proyecto podría ser retirado para volver a presentarlo al nuevo Congreso que arrancará en julio.
Igualmente, se requiere que los distintos actores del sistema concreten sus posturas alrededor del proyecto. El alud de pronunciamientos, algunos muy volubles al tenor de los cambios de los artículos, en poco contribuyen al objetivo de confeccionar una ponencia definitiva. Las asociaciones y redes de usuarios, médicos y académicos así como el gremio de las EPS e IPS tienen que contribuir al orden del debate, puntualizando sus posiciones y dejando que, por fin, haya humo blanco sobre el articulado base para la discusión en la Comisión Séptima.