*Peligra reforma migratoria en E.U.
*Activar lobby diplomático en bloque
El principal flanco débil de Latinoamérica es su dificultad para activar políticas y posiciones conjuntas y tangibles. Pese a que la Organización de Estados Americanos está llamada a ser el principal foro continental, la polarización geopolítica de los últimos tres lustros ha debilitado sustancialmente su nivel de convocatoria e influencia. A la par, otros entes regionales y subregionales que surgieron al amparo de la puja de tendencias ideológicas, como ALBA, Celac o la Unasur, tampoco tienen suficiente capacidad de vocería y representación para defender los intereses de Centroamérica y Suramérica. A ello se suma que si bien Estados Unidos ha sido históricamente la potencia predominante en el continente, en la última década tanto Europa como las naciones asiáticas e incluso Rusia han aumentado de forma sustancial sus intereses económicos y políticos en Latinoamérica. Y, por último, los estudios sobre desarrollo del continente evidencian la existencia de grandes brechas y diferencias entre los países de la región, a tal punto que así como hay naciones entre las diez economías más grandes del planeta y otras que repuntan en el ranquin de las emergentes, igual se encuentran países que ostentan índices de pobreza y desigualdad de los más críticos y vergonzosos en nivel orbital.
Todo lo anterior ha terminado por proyectar una región latinoamericana que, más allá de la infinidad de cumbres anuales y la gran cantidad de declaraciones protocolarias sobre la conjunción de intereses, no ha podido fijarse metas y objetivos comunes en materia política, social, económica e institucional. Y esa falencia es precisamente la que explica la enorme y preocupante debilidad de este bloque multinacional a la hora de activar una estrategia política y diplomática sólida, integral y, sobre todo, con capacidad influyente real.
Una prueba de ello es lo ocurrido en las últimas semanas frente a la política migratoria de Estados Unidos. Como se sabe, tras varios años de esfuerzos infructuosos para que el Congreso de ese país aprobara una reforma que permitiera regularizar o, al menos, aliviar la situación migratoria de más de once millones de indocumentados, la gran mayoría latinoamericanos, en noviembre pasado la administración Obama decidió, acudiendo a las facultades presidenciales, adoptar una nueva política que, en principio, beneficiaba a más de cuatro millones de “ilegales”. Desde México hasta Argentina, todos los gobiernos latinoamericanos celebraron ese régimen migratorio favorable y lo consideraron como un justo reconocimiento a un nicho poblacional que gana cada día más peso político, económico, social e institucional en Estados Unidos, al punto que se calcula que existen más de 50 millones de latinos en ese país.
Lamentablemente, hace dos semanas un juez de Texas, al decidir sobre una demanda impulsada por 26 Estados, congeló toda esa reforma migratoria hasta que una corte federal falle no sólo sobre la legalidad de los alivios adoptados para los llamados “sin papeles”, sino también en torno de si los mismos podían adoptarse bajo el fuero presidencial o si la Casa Blanca incurrió en una extralimitación de funciones. Los demandantes alegan que correspondía al Congreso decidir sobre el asunto. Un Congreso que, como se sabe, es dominado por el Partido Republicano, que se caracteriza por tener una política menos flexible que la de los demócratas en materia de regularización de inmigrantes ilegales.
Aunque ya esta semana la administración Obama apeló la decisión del juez y pidió a una corte que le permita suspender millares de deportaciones inminentes, es claro que hay aquí no solo un pulso jurídico sino también político, toda vez que está en juego el cada vez más decisivo voto latino, sobre todo de cara a los comicios presidenciales de 2016.
Ante ello, causa extrañeza y preocupa la reacción tan tibia y pasiva, por no decir inexistente, de la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos frente al riesgo en que se encuentra la reforma migratoria. Lo lógico habría sido que la OEA y los otros entes regionales y subregionales hubieran activado una ofensiva diplomática al más alto nivel, no sólo ante el Congreso y la Casa Blanca, sino frente a los gobernadores de los 26 Estados que impulsaron la demanda que bloqueó el alivio migratorio, e incluso también con un lobby ante otras instancias con peso en los círculos políticos y jurídicos estadounidenses, como la gran prensa, las centrales obreras y los centros de pensamiento que alimentan a republicanos y demócratas.
Pero nada de ello se ha visto. Latinoamérica no se mueve para defender a millones de los suyos. Ciega, sorda y muda, apenas si espera, pasivamente, qué pasa en Estados Unidos. Pasmosa debilidad geopolítica.