*De la técnica a la política
*¿Vendrá el yes man y la manga ancha?
Con la designación de Alexander López como nuevo jefe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), órgano asesor y estratégico del gobierno en materias económicas y sociales, así como responsable del seguimiento del Plan de Desarrollo y las inversiones derivadas del presupuesto, este organismo pasa de la técnica a la política.
Este salto de garrocha surge, precisamente, de las pugnas al interior del gabinete luego de que el jefe anterior, Jorge Iván González, reconocido economista, filósofo, escritor y ex decano de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional, presentara su renuncia por no aceptar los caprichos presidenciales y la obsecuencia de un ministro de hacienda en evadir los rigores de ley presupuestales y su correlación con el Plan de Desarrollo.
González era, ciertamente, el último de los mohicanos en un consejo de ministros en el que, como se sabe, cualquier amago de pensamiento independiente; de presentar alguna idea que enriquezca la discusión y no se alindere al cien por cien con la que tiene en mente el primer mandatario; de hablar con cifras y dialéctica, en fin, todo el que actúe de este modo, tan común en quien tiene trayectoria y convicciones, es susceptible de terminar, por decirlo así, bajo el instrumento del doctor Joseph Ignace Guillotin. Es decir: descabezado del cargo. Si no por contrarrevolucionario al menos como críptico participante de lo que, en el lenguaje actual, se denomina “enemigo interno”.
Que fue, justamente, lo que le ocurrió hace unos días al ex jefe de Planeación en mención. Al igual que meses antes había sucedido con los funcionarios más destacados en la máxima reunión ejecutiva de nuestro país por osar abrir la boca sobre la arrevesada reforma a la salud y, en el caso de González, por atreverse a aducir los límites de las normas de planeación y presupuesto.
No sobraría para nada, pues, reiterar que desde que Lauchlin Currie, como líder de la misión del Banco Mundial iniciada en 1949, sugirió crear el DNP, la entidad ha venido perfeccionándose hasta ser parte de lo que, con sus diferentes mecanismos y vasos comunicantes, hoy es uno de los sistemas más originales de la Constitución. Y que se ratifica, además, como una de las vértebras fundamentales de la democracia colombiana, tanto con miras a afianzar el Estado Social de Derecho como en procura de no desperdiciar y disciplinar los escasos recursos presupuestales con los que contamos.
Porque, en efecto, no fue que el sistema de planeación apareciese en el país por arte de magia, sino producto de grandes debates y un largo trayecto histórico que finalmente desembocó en la Asamblea Constituyente de 1991, cuando se oficializó en todos sus alcances, auténticos y perentorios, y que sirve de ejemplo para otras latitudes.
En principio, desde la creación efectiva del DNP en 1959, tras la dictadura rojaspinillista, los planes de desarrollo fueron adoptados por los gobiernos de modo autónomo y sin intervención de ninguna otra instancia, salvo un consejo nacional consultivo. Posteriormente, se propuso llevar los planes al seno del Congreso, para una discusión más sólida y democrática. Pero la Comisión del Plan, creada al efecto y sin ser una célula parlamentaria ordinaria, escasamente se concentró en el tema o nunca se reunió.
En tal medida, si bien los gobiernos hicieron de los planes su punta de lanza, incluso con nombres llamativos y de consigna administrativa, parecía necesario revigorizar el sistema, darle mayor alcance y convertirlo en el desiderátum nacional.
Así lo entendió Álvaro Gómez Hurtado. En una lucha de 20 años, hasta 1991, logró entonces institucionalizar eso que venía predicando en lo que llamó el “derecho de la planeación”, para evitar la espasmódica intervención del Estado y asumir una metodología gubernativa coherente. Y dar curso a un sistema en que se pudieran establecer los designios generales y obras estatales principales, con el anexo de un plan plurianual de inversiones, la relación indisoluble con el presupuesto general y con base en los postulados de la técnica, la concertación y el consenso, en tratándose de los recursos y propósitos de todos los colombianos. Por lo cual se obligó a una ley del Congreso, con carácter prevalente y calificado, así como con arraigo participativo y popular previos, a partir de la iniciativa del Ejecutivo y el DNP de coordinador básico.
De este modo la planeación se convirtió en una formulación, típica de la democracia colombiana, que por un lado actúa de dique contra el populismo, pero de otro también contra la plutocracia. O sea, ni dirigismo económico, ni liberalidad espontánea. Por lo demás, una planeación obligatoria para el Estado e indicativa para la empresa privada, a la manera de lo que tantos años después y en la actualidad preconiza Mariana Mazzucato por el mundo.
Abdicar de esa relación entre el Estado y la empresa privada es, pues, lo que está en juego al erosionar las alianzas público-privadas. Y afectar las “vigencias futuras”, al torpedear los planes de mediano y largo plazos por maniobras dudosas e inmediatistas, enervando todo el sistema de planeación democrática. Ojalá el nuevo jefe de Planeación lo entienda así… aunque nos tememos que lo han elegido, exactamente, por lo contrario: de yes man y de manga ancha.