El reto del mandato para verificar cese el fuego
Urge prever hasta la más mínima contingencia
Sin duda alguna que el Consejo de Seguridad de la ONU haya aprobado por unanimidad y en tiempo record la solicitud que le hiciera el Estado colombiano para que el máximo ente multilateral del mundo encabece un mecanismo tripartita, junto al Gobierno y las Farc, de monitoreo y verificación del cese el fuego y las hostilidades, así como el desarme en nuestro país, tiene muchas y significantes implicaciones.
La más obvia es que se trata del más sólido respaldo internacional al proceso de paz en los últimos años, pues el Consejo de Seguridad es la instancia más poderosa del planeta. Y como bien lo señalara la Casa de Nariño, el apoyo unánime a la creación de la misión política de verificación es más diciente si se tiene en cuenta que sólo en 14 ocasiones, durante casi 70 años de existencia de la ONU, se han adoptado allí decisiones con el respaldo de la totalidad de los miembros permanentes y no permanentes.
Pero también existen otras implicaciones que deben ser sopesadas de manera detenida. Por ejemplo, si bien para algunos tratadistas del Derecho Público Internacional el término “estatus de beligerancia” ya es desueto, sobre todo a la luz de los nuevos tratados y convenciones globales, en especial las referidas a la obligatoriedad del respeto al Derecho Internacional Humanitario, lo cierto es que algunos analistas llamaban la atención ayer en torno a lo que podría significar la mención que se hizo de las Farc, en igual nivel al Estado colombiano, en el comunicado del Consejo de Seguridad al aceptar la misión política solicitada. Para una guerrilla que hace doce años empezó a ser catalogada mundialmente como organización terrorista y que por cuenta de esa denominación se logró aislarla y desmontar una especie de diplomacia paralela que tenía funcionando en muchos países de Latinoamérica y Europa, el espaldarazo del Consejo de Seguridad a la negociación de paz le significa -negarlo sería ingenuo- el hecho de rehabilitación política más importante desde 2002. Mucho va de un delegado de la ONU en un proceso de paz o de una comisión de embajadores en el Caguán, a que el Consejo de Seguridad avale una petición de una mesa de negociación Estado colombiano-Farc.
En tercer lugar es necesario llamar la atención en torno a que si bien es trascendental la decisión política del Consejo de Seguridad, lo más importante es lo que debe pasar en estos próximos treinta días en que el secretario general de la ONU, Ban Ki moon, debe confeccionar el protocolo sobre el tamaño, la operatividad y mandato que tendría ese mecanismo tripartita de verificación del cese el fuego. No es un asunto menor ni de simple trámite, todo lo contrario: cada facultad que se otorgue a la misión verificadora encierra una alta implicación ¿Cuál será su nivel de autonomía frente a los criterios del Gobierno y las Farc? ¿Qué instrumentos puntuales y operativos serán establecidos para que la vigilancia del cumplimiento de ambas partes sea efectiva y no meramente protocolaria? ¿Cuál es la instancia de resolución de diferencias y su nivel de obligatoriedad para Estado y subversión? ¿Cómo se garantizará la rápida reacción en el terreno de los integrantes de esa misión política para acceder a los lugares en donde se pudo haber violado la tregua bilateral, antes de que desaparezcan o se contaminen las pruebas? ¿Cómo garantizar que los delegados tengan la suficiente imparcialidad en sus determinaciones si provienen de países latinoamericanos y caribeños altamente polarizados política e ideológicamente? ¿Si aún no se ha establecido cuántas serán las “zonas de concentración” en que se reunirá a los guerrilleros, ni tampoco si estarán armados allí, cómo es posible establecer el marco operativo de esa misión política de verificación?...
A todos esos interrogantes debería responder el protocolo que el Secretario General debe presentar al Consejo de Seguridad, que nunca deja al azar o al calor de los hechos sobrevinientes ni los detalles más pequeños de las misiones que autoriza en cualquier rincón del planeta. Ello puede parecer extraño en un país, como Colombia, en el que se está acostumbrado a dejar pendientes temas complejos o se acude a generalidades para no puntualizar sobre los más polémicos, bajo la tesis de que cuando sobrevengan las crisis tendrá que buscarse la solución del caso. Como se dijo, con la ONU ello no es posible y de allí que estos treinta días serán determinantes para garantizar que un eventual cese el fuego no se ha roto, como solía decir un ex comisionado de paz, por el “disparo al aire de un borracho”.