Fronteras difusas en el Ministerio Público
Ir más allá del poder de crítica y denuncia
Tras el escándalo de esta semana en la Defensoría del Pueblo, que desembocó en la renuncia obligada de su titular y que ahora deberá ser aclarado por las respectivas instancias penales y disciplinarias, el país debe centrar su atención en las reformas que requiere esa entidad y que vienen siendo puestas sobre la mesa desde mucho antes de la bochornosa coyuntura en los últimos días. Creada por la Carta del 91, esta institución ha venido perfilándose a lo largo de dos décadas y media, pero es claro que arrastra una serie de falencias estructurales que no se pueden desconocer. Incluso quienes han estado al frente de la misma no han dudado en advertir sobre duplicidad de funciones con otras entidades, especialmente la Procuraduría y otras instancias del orden nacional y descentralizado que también tienen competencia en la promoción, divulgación y protección de los derechos humanos.
En ese orden de ideas hay analistas que sostienen que la Defensoría terminó convertida, debido a la ausencia de funciones jurisdiccionales, en una entidad que no tiene ‘dientes’ ni poder coercitivo alguno, lo que limita en gran proporción su función de crítica y denuncia de la violación de los derechos humanos. Esta, en consecuencia, debería ser una de las discusiones que tendrían que abocarse si en realidad se quiere aplicar una reingeniería a esa entidad del Ministerio Público que vaya más allá de las reacciones al escándalo coyuntural ya anotado.
Otro de los continuos señalamientos a la Defensoría que tiene que ver con la debilidad presupuestal y estructural del llamado Sistema Nacional de Defensoría Pública, que tiene como principal fin brindar asistencia legal gratuita y representación judicial a quienes no pueden sufragarla, especialmente sindicados y condenados. No en pocas ocasiones se ha advertido del muy bajo número de abogados defensores públicos y de las consecuencias negativas que ello tiene en materia de vulneración de derechos humanos y morosidad judicial.
De igual manera hay analistas que consideran que estando Colombia inmersa en la recta final de un proceso de paz y, aún más importante, en aplicación ya un sistema de reparación a víctimas del conflicto armado, el rol de la Defensoría debería volcarse en un gran porcentaje hacia esta función, pues es de suyo evidente que sólo si se garantizan los derechos de los afectados por la guerra a la verdad, la justicia, compensación y garantía de no repetición, lo que se acuerde con los alzados en armas tendrá pleno vigor y eficacia para dejar atrás el negro capítulo de la confrontación armada por más de medio siglo.
Otro de los asuntos que deberían analizarse con cabeza fría es el referido a si debe cambiarse el sistema de elección de postulación y elección del Defensor del Pueblo. Si bien es cierto que para ocupar este cargo se requieren las mismas calidades exigidas para ser magistrado de las Altas Cortes, sería ingenuo negar que la confección de la terna por parte del Presidente de la República y la escogencia del titular a cargo de la Cámara de Representantes ha llevado a que en las últimas dos décadas la injerencia política se haya tomado este proceso y no son pocos los críticos que señalan que la institución terminó imbuida, lamentablemente, en prácticas del clientelismo y politiquería. Esta misma falencia, como el país lo sabe, también se ha discutido alrededor del sistema de denominación y elección de los magistrados de los máximos tribunales y las cabezas de los entes de control.
Visto todo lo anterior, se cae de su propio peso que el problema de la Defensoría va más allá de lo ocurrido en la última semana, la renuncia de su titular o de que se proyecte para su reemplazo una terna compuesta exclusivamente por mujeres de gran trayectoria jurídica y pública. En realidad la crisis debería ser aprovechada para abocar un ajuste institucional, funcional y misional que permita la entidad cumplir el papel que vislumbraron los constituyentes del 91. No hacerlo y creer que con el simple relevo en su cúpula la situación se supera, lo único que conllevaría es a darle más razones a quienes por años han considerado que la Defensoría del Pueblo no es indispensable y que su labor bien podría ser cumplida por la Procuraduría y distintas entidades que en las ramas Ejecutiva, Judicial y Legislativa también están encargadas de velar por la promoción y defensa de los derechos humanos, así como de tramitar las denuncias cuando estos son violentados.