* Contundente fracaso de reforma oficial en Congreso
* El modelo sigue vigente pese a intervención de EPS
Sin duda alguna el sistema de salud en Colombia atraviesa el momento más difícil en tres décadas de funcionamiento. De un lado, el país respiró tranquilo ayer una vez, en la votación mayoritaria de la Comisión Séptima de Senado, se confirmó el fracaso del cuestionado proyecto de reforma que venía impulsando el Gobierno desde hace más de un año.
Pese a las maniobras torticeras del Pacto Histórico y la Casa de Nariño para dilatar la votación de la ponencia negativa radicada por nueve de los catorce integrantes de esa célula congresional, finalmente se abocó el trámite y concretó el hundimiento de una iniciativa que, desde el comienzo, era disfuncional, abiertamente ideologizada y politizada, e imponía un modelo marcadamente estatizado, cuya inviabilidad se constató desde las épocas infaustas del Seguro Social.
Aunque los senadores y representantes a la Cámara de la coalición petrista, así como los ministros del Interior y Salud trataron de impulsar la falsa narrativa de que los congresistas de los partidos Conservador, Centro Democrático, La U, Liberal, ASI y Colombia Justa y Libres estaban defendiendo intereses privados y se oponían a corregir las falencias del sistema de aseguramiento y atención médica, los parlamentarios que respaldaron la ponencia negativa replicaron con argumentos sólidos para evidenciar que si bien son urgentes los correctivos, la iniciativa del Ejecutivo no los hacía, era altamente inconveniente, no contaba con aval fiscal, tampoco fue producto de una concertación real y efectiva, resultando en un articulado improvisado e incoherente que derruía un modelo que, con falencias a bordo, está considerado entre los mejores del planeta.
Pero así como el archivo de esta reforma resultó una buena noticia, las movidas del Gobierno para desconocer su derrota en el Legislativo y tratar de implementarla por vía administrativa dispararon la preocupación nacional. La intempestiva decisión, el martes, de la Superintendencia de Salud en cuanto a intervenir a la EPS Sanitas (la segunda más grande del país) prendió las alertas, no solo porque las razones aducidas resultan discutibles desde lo jurídico, financiero y operativo, sino porque el Ejecutivo ya “controla” -para usar un término presidencial- entidades aseguradoras con más de 25 millones de afiliados. En este global hay que incluir a la Nueva EPS, también intervenida ayer, pero que, por ser mayoritariamente oficial, es manejada por el Estado desde 2008.
En vista del informe, semanas atrás, de la Contraloría General en torno a que solo 5 de 26 EPS cumplen los requisitos en materia de capital mínimo, patrimonio y reservas técnicas presupuestales, es claro que se corre el riesgo de que el Gobierno, a través de la Superintendencia, intervenga más entidades y entre a “controlar” por esa vía todo el sistema de salud.
Frente a este escenario, lo primero que debe recalcarse es que por más que el Ejecutivo avance en su intención de “controlar” las EPS, en modo alguno el modelo de aseguramiento queda derogado. Por el contrario, sigue vigente así como la distribución de competencias y facultades entre todos los actores. No puede la Casa de Nariño modificar unilateralmente esta estructura legal y los agentes interventores designados por la Superintendencia deben acatarla. Así las cosas, la afirmación del presidente Petro ayer en torno a que el Gobierno “asumía su función constitucional de reordenador del sistema de salud” no resulta cierta y abre la puerta a un prevaricato por acción a gran escala.
De otra parte, resulta claro que si bien no es la primera vez que, en la actual o anteriores administraciones, se interviene una EPS, en el caso de Sanitas y la Nueva EPS ya se denunciaron posibles irregularidades porque no se activaron las fases preliminares de alertas tempranas y medidas cautelares. Así las cosas, es seguro que las medidas serán demandadas ante el contencioso administrativo y podrían caerse.
La Procuraduría, igualmente, está llamada a ejercer vigilancia preventiva en defensa del principio de legalidad, protección del erario y, principalmente, del derecho a la salud de todos los afiliados del sistema. Igualmente, dado que el problema de las EPS en materia presupuestal nace principalmente de la demora del Estado en ajustar la Unidad por Capitación (UPC) y girar los llamados “presupuestos máximos”, la Corte Constitucional podría intervenir para verificar si se cumplieron las recientes órdenes que dio al Gobierno en ambos sentidos.
Es innegable que el Estado no está preparado ni tiene la experticia para asumir el “control” del esquema de aseguramiento en salud ni mucho menos para garantizar la atención médica y suministro de medicamentos de 25 millones de colombianos o más, cuyas vidas podrían peligrar por las actuaciones irresponsables y caprichosas del gobierno de izquierda.
Visto lo anterior, se puede decir que aunque el sistema de salud continúa a flote, ni por la vía de la fracasada reforma o las intempestivas intervenciones a EPS -con tufillo a retaliación política- el Gobierno aboca el problema de fondo, que no es otro que el de la sostenibilidad financiera.