La corrupción es uno de los flagelos más graves que enfrenta cualquier sociedad. Y sus costos son cuantiosos, al punto que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que el volumen anual de sobornos en el mundo es de un billón de dólares. Vista esa colosal cifra, en modo alguno puede considerarse exagerado que se afirme que la economía mundial pierde por esta causa 2,6 billones de dólares en el mismo lapso, lo que representa más del 5% del PIB global.

Al celebrarse el pasado sábado el Día Internacional contra la Corrupción una vez más se trajo a colación cómo esta problemática ha ido mutando con extrema rapidez en sus modus operandi y ámbito de afectación. Y es que la corrupción no puede ser entendida solo en el plano básico de la trampa para beneficiar intereses particulares, sino que se extiende a una esfera en la que caben actividades como el abuso del poder, de la autoridad o de los cargos públicos en beneficio propio, a través del soborno. Pero también se ejerce a través de la extorsión, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude o la malversación.

Ese alto nivel de complejidad es lo que lleva a los expertos a considerar que es imperativo que los gobiernos y autoridades de todo el planeta trabajen juntos para garantizar un "compromiso global para la lucha contra la corrupción", bajo el entendido de que esta se ha convertido en un flagelo que desvía recursos cruciales, obstaculiza servicios esenciales, permite la delincuencia organizada y agrava las desigualdades y las injusticias.

Solo si la corrupción se dimensiona en esa esfera de afectación se podrá reforzar su combate, ya que se pasa de considerarla como un fenómeno delincuencial que vulnera la transparencia y eficiencia de lo público y privado, a una amenaza directa a la calidad de vida de las personas, privándolas de sus derechos, inversión social y acceso a servicios. De hecho, para la citada agencia de la ONU la corrupción afecta de manera desproporcionada a los pobres, con especial impacto en mujeres y niños, ya que medra recursos de muchos proyectos destinados a disminuir la pobreza.

En ese orden de ideas, esta problemática criminal se convierte, de paso, en un obstáculo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que muchas de las 17 metas acordadas para el final de esta década, relacionadas con acabar la pobreza y mejorar la calidad de vida, se ven impactadas por lo que la corrupción se roba o lo que su práctica resta en eficiencia a la iniciativa pública y privada.