* Nuevo envión para la rebaja salarial
* Falta de voluntad política partidista
El impacto de la pandemia en todo el país no se detiene. Ningún sector ha escapado a sus lesivas consecuencias, tanto desde el punto de vista sanitario como del económico, social e institucional. Han sido doce largos meses en el que todos los colombianos han tenido que hacer sacrificios, salvo muy contadas excepciones. Una de estas últimas es, precisamente, la de los congresistas, cuyos salarios, que superan los 34 millones de pesos mensuales, ha sido imposible rebajar o siquiera congelar. Es más, en medio de la pandemia y sesionando por vía virtual, el recorte de los viáticos y gastos de representación no se pudo avanzar significativamente. Y, como si todo lo anterior fuera poco, el aumento salarial autorizado para los llamados “padres de la patria” este año fue de 5,12%, mientras que el sueldo básico para millones de trabajadores se incrementó en 3,5%, en tanto el 2020 cerró con una inflación de 1,61%.
De hecho, a finales de 2019 los senadores y representantes a la Cámara de nuestro país eran los segundos mejor pagos en América Latina, apenas superados por los chilenos. Sin embargo, tras las protestas sociales a finales de ese año en la nación austral, en las que uno de los reclamos era precisamente el alto salario de los congresistas y principales funcionarios, el gobierno Piñera anunció de inmediato una reforma que fue aprobada rápidamente por el Parlamento reduciendo sustancialmente dichos sueldos.
El año pasado también en casi todo el continente las remuneraciones de congresistas y asambleístas fueron disminuidas de forma automática en medio de los apretones al gasto público para redirigir recursos oficiales a los planes de contingencia contra la pandemia. En Colombia ello no fue posible. A lo sumo, un grupo de parlamentarios terminó donando de forma unilateral parte de sus ingresos para financiar en sus regiones compra de insumos médicos y mercados para las familias más pobres. Pero desde el punto de vista generalizado e institucional no se pudo concretar nada.
Sí, tanto en el anterior gobierno como en el actual varios proyectos de ley y acto legislativo se han radicado ya sea para reducir los sueldos de los parlamentarios o disminuir el número de curules. Pero todos terminaron hundiéndose en medio de un desgastante y estéril cruce de acusaciones entre las administraciones de turno y las distintas bancadas partidistas. Es más, en agosto de 2018 esa era una de las propuestas de la consulta popular anticorrupción a la que le faltó menos de medio millón de votos para alcanzar el umbral de participación y aprobación. Por otra parte, desde noviembre pasado el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, planteó la posibilidad de convocar un referendo que disminuya en un 30 por ciento la cantidad de escaños en Senado y Cámara de Representantes así como una congelación salarial durante seis años. Incluso, como se indicó en un informe publicado en nuestra edición del viernes, dentro de los catorce proyectos de reforma constitucional radicados de cara a este segundo tramo de la tercera legislatura, hay uno que propone un tope de 25 salarios mínimos a las remuneraciones parlamentarias y otro que plantea que por cinco años estas no sean reajustadas.
No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que el Congreso no puede continuar prestando oídos sordos a los reclamos de la ciudadanía como tampoco poniéndose de espaldas a la realidad de un Estado que urge disminuir los gastos de funcionamiento para solventar las afugias fiscales y destinar más recursos a ayudar a los sectores golpeados por la pandemia. Prueba de ello es que en momentos en que el Gobierno está anunciando un proyecto de reforma fiscal, que combina un aumento de impuestos con un fuerte componente de programas sociales, muchas de las reacciones críticas de los colombianos van dirigidas a cómo es posible que los congresistas, que no se han apretado el cinturón en medio de la crisis económica y social, ahora quieran aprobar una iniciativa que exige sacrificios adicionales de no pocos sectores nacionales.
A menos de un año de las elecciones, los parlamentarios están a tiempo de dar ejemplo de austeridad presupuestal y solidaridad con los que más sufren y necesitan. El Congreso es el organismo estatal de peor imagen en Colombia y requiere una alta dosis de consenso y decisión partidistas para empezar a enderezar el camino. La pregunta, entonces, es una sola: ¿Senadores y Representantes tienen la voluntad política para hacerlo?