* Comicios regionales, termómetro sobre Gobierno nacional
* Ruptura de coalición ya se ve reflejada en puja proselitista
A menos de seis meses para las elecciones regionales y locales, el ambiente proselitista se prendió en gran parte del país. Pese a las alertas tempranas por el deterioro de seguridad y orden público en algunas regiones, la mayoría de los partidos y movimientos políticos, así como un alud de precandidatos y candidatos se encuentra trabajando a todo vapor en materia de definición de avales, búsqueda de apoyos, proyección de coaliciones y, claro está, en la confección de las propuestas que se pondrán a consideración de la ciudadanía en la contienda para escoger a 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles de Juntas Administradoras Locales (JAL).
Contrario a lo que se esperaba, la acogida para realizar el próximo 4 de junio consultas populares, internas e interpartidistas con el fin de definir candidatos únicos y otros asuntos centrales de la campaña, no fue la esperada. Según el último reporte de la Registraduría, a este mecanismo solo se acudirá en Bogotá, Nariño y otros ocho municipios del país. Ese día competirán aspirantes apenas para 18 alcaldías, 170 a concejos, 548 a JAL y cuatro para gobernación. Una vez más queda en evidencia que los partidos y movimientos políticos no han adoptado de forma sustancial esta clase de mecanismos de democracia interna.
En cuanto a inscripción de cédulas, a comienzos de este mes casi medio millón de ciudadanos que buscan cambiar de lugar o puesto de vocación habían cumplido ese proceso, en medio de las primeras alertas sobre riesgo de trashumancia. De igual manera, el último corte sobre candidatos que buscan respaldar sus aspiraciones por firmas daba cuenta de más de un millar de comités inscritos, rumbo a igualar el récord de los comicios de 2019. No deja de ser paradójica esta explosión de movimientos significativos de ciudadanos, sobre todo cuando paralelamente aumentó en pocos meses a 33 el número de partidos con personería jurídica. Asimismo, ya empezó a sesionar la Comisión de Garantías Electorales, sobre todo tras las advertencias de gobernadores, alcaldes, Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y algunas organizaciones no gubernamentales en torno al riesgo de infiltración de grupos armados ilegales y otro tipo de delitos contra el sufragio. Todo ello aunado al anuncio de la Registraduría sobre refuerzo de mecanismos de ciberseguridad para garantizar transparencia en la recolección y transmisión de los datos de las urnas, así como para rechazar posibles ataques informáticos.
Por lo visto en el arranque de la puja electoral va quedando claro que los comicios territoriales están apuntando a convertirse en un termómetro sobre la accidentada y, por momentos, caótica gestión del Gobierno nacional, más ahora que se rompió la coalición parlamentaria oficialista, que tenía en el mismo bloque a partidos de centroizquierda y centroderecha. Como se sabe, el fuerte debate ideológico, partidista y técnico alrededor de los alcances e implicaciones de las reformas de salud, laboral y pensional generó una crisis ministerial y fracturó las mayorías del Ejecutivo en el Congreso. Obviamente, ese nuevo mapa político nacional empieza a verse reflejado rápidamente en el ajedrez de la definición de candidatos, avales y posibilidades de alianzas en la puja por el poder regional y local.
Pese a que conserva una alta capacidad de maniobra, el Gobierno, es innegable, tiene un panorama cada vez más complicado. Con apenas nueve meses de mandato afronta crisis en distintos flancos, al tiempo que la calificación de la gestión y favorabilidad presidencial sigue cayendo encuesta tras encuesta. La oposición y los sectores independientes, a su turno, ganan terreno en medio de la incertidumbre ciudadana sobre la marcha del país en materia política, económica, social, de seguridad, gremial, internacional e institucional, entre otros aspectos. En ese orden de ideas, cada día queda más patente que los grandes temas nacionales serán determinantes, junto a los asuntos más locales e inmediatos de la ciudadanía en departamentos y municipios, a la hora de decidir a qué aspirante, partido o movimiento político se apoya en las urnas.
Habrá que esperar la recta final de la campaña para vislumbrar hacia dónde se inclina la balanza electoral. Por el momento, el país ya está en modo proselitista y por más que en Bogotá se defina preponderantemente el futuro de las reformas y otras políticas clave, la puja por la prevalencia departamental y municipal se ata cada día más a la altisonante realidad nacional y, como se dijo, se torna la contienda en un claro termómetro sobre la aprobación o desaprobación gubernamental, como acabó de ocurrir en Chile, en donde el mandato Boric sufrió un nuevo y duro revés electoral.