En 2020 fue aprobada una ley que autoriza la venta masiva de bienes manejados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE); es decir, propiedades cuyo dominio ha sido extinguido por ser producto de actividades ilícitas. El presidente electo Gustavo Petro pidió a la Procuraduría iniciar una investigación de una de las subastas hechas por esta entidad.

Todo surge por la venta de 1.000 inmuebles de extinción de dominio en poder del Estado valorados en un billón de pesos, un proceso que realizó Central de Inversiones (CISA). En las vísperas de esa millonaria operación fue nombrado David Orlando Gómez, hermano del saliente presidente del Senado, Juan Diego Gómez, como vicepresidente de CISA, había informado La W.  

El hermano del presidente del Senado, que era gerente de la sucursal de CISA en Medellín, fue promovido a la importante vicepresidencia de Soluciones para el Estado de la entidad. Todo dentro de una serie de movimientos de altos cargos que parecen concebidos para facilitar el negocio multimillonario con bienes sometidos a extinción de dominio.

El anterior vicepresidente de la SAE, Samir Mauricio Angarita, fue nombrado en enero de este año como presidente de CISA. Y Alexis Sánchez Loreo fue promovido a otro importante cargo dentro de la SAE. Los tres tienen en común ser hombres de confianza del presidente de la SAE, Andrés Ávila.

Precisamente por esta razón el presidente electo Gustavo Petro le pidió a la Procuraduría iniciar una investigación de esta subasta e incluso un miembro de su equipo de empalme pidió detener esta venta masiva.

Por estos hechos hay una investigación en marcha contra el senador Juan Diego Gómez por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y particularmente de la magistrada Cristina Lombana.

El mes pasado se inició la venta masiva de tres paquetes que agrupan los 60 mejores inmuebles incautados en procesos de extinción de dominio.

Las propiedades eran puestas en venta con descuentos del 40% de su valor comercial.

La venta del primer paquete de 20 inmuebles por un valor conjunto estimado de 280 mil millones de pesos podría tener lugar hoy y, aunque la oferta no ha salido al público, todo está preparado para que el beneficiario sea una conocida firma constructora de Antioquia.

Estos inmuebles podrían ser adquiridos por personas naturales o jurídicas con descuentos de hasta el 40%, en los que se pueden obtener apartamentos, casas, lotes y bodegas para quienes agrupen 20 unidades.

El proceso ya llegó a la Corte Suprema de Justicia, que investiga por qué entre las propuestas de compra masiva de bienes se incluyeron dos de Civilec Business Group y una de la empresa antioqueña Arquitectura y Concreto, que incluso manifestó interés en adquirir bienes meses antes de que esto saliera al público.