El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ha afirmado en varias ocasiones que el sistema carcelario del país es vetusto y cuenta con cárceles que tienen más de 80 años y que, en ese sentido, han sido muy pocos los alcaldes y gobernadores que han emprendido, junto con el Ministerio, un plan para modernizar los centros de reclusión. Ante esta declaración, Asocapitales respondió.

“En Colombia tenemos 128 centros de reclusión del orden nacional con capacidad para 82 mil internos. El problema más grave que tenemos es frente a los sindicados que actualmente están en las URI y estaciones de Policía; ninguna de estas se encuentran aptas para mantener internos a largo plazo”, sostuvo el ministro.

“Hay que recordarles a los gobernadores y alcaldes que a ellos les corresponde la construcción de centros reclusorios. En 29 años solo se han construido 2.800 cupos y 37 centros de reclusión transitoria; es una cifra demasiado corta para la responsabilidad de estas”, enfatizó Ruiz.

Así mismo, destacó los ejemplos de algunas ciudades que sí han trabajado de la mano con esta cartera para mejorar los cupos carcelarios como Jamundí, en el Valle del Cauca, donde el alcalde ayudó a construir 50 cupos. “Logramos desocupar una de las URI de allá. En Barranquilla Jaime Pumarejo abrió 270 cupos”, expresó.

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Por último, afirmó que “hay muchos alcaldes que no le ponen atención al tema penitenciario porque no es un tema electorero”.

Sin embargo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazó las declaraciones del ministro al responsabilizar a los alcaldes y gobernadores del hacinamiento en las cárceles del país.

Luz María Zapata, directora de esta asociación, aseguró que esta es una responsabilidad en la que han buscado trabajar incluso con proyectos de ley. Sin embargo, el ministro se ha opuesto a que los textos se radiquen en el Congreso de la República.

“Nosotros tenemos lo que podría ser parte de la solución y es un proyecto de ley que venimos trabajando desde hace dos años, pero desafortunadamente el ministro de Justicia se ha opuesto a que este sea el texto que se radique en el Congreso”, aseguró.

Según Zapata la ley 2197 del 2022 daba un plazo de cuatro meses para radicar un texto solucionando el tema carcelario de hacinamiento, una tarea que no se ha podido cumplir.

“A pesar de nuestras insistencias, el ministro no lo quiso radicar; entonces me sorprende que nos diga que la responsabilidad es nuestra cuando también recae en él como máxima autoridad. Fue él quien debió presentar ese proyecto ante el Congreso y no lo quiso hacer”, añadió.

Sobre el tema de hacinamiento, que el ministro ha dicho que está sobre el 20%, Asocapitales asegura que hay un sobrecupo en estaciones de Policía que está llegando a su límite.