El proyecto de acto legislativo por el cual se reforma la Constitución y se establece la Jurisdicción Agraria y Rural fue aprobado por la plenaria del Senado de la República. La iniciativa es de autoría gubernamental, y busca cumplir con los acuerdos de paz que se hicieron con la guerrilla de las Farc en su momento. Sin embargo, en días recientes se han escuchado voces en contra de la iniciativa.

El ponente de la enmienda constitucional, senador Alexander López Maya, de la Coalición Pacto Histórico, sostuvo que “esta es una de las reformas más importantes de los últimos años en el país; los grandes conflictos en Colombia tienen sus orígenes en la disputa y el derecho a la tierra, que ha generado grandes confrontaciones. No es cierto que se diga que este Gobierno pretende crear una corte para llenar eso de burocracia o de jueces; de hecho, la OCDE en su revisión encuentra a Colombia como los países más deficitarios en número de jueces”.

“De esta manera se busca pagar la deuda histórica que se tiene con el campo colombiano y en especial con las víctimas. Con la legislación actual, afirmaba la Agencia Nacional de Tierras del Gobierno anterior, se necesitaban 256 años, aproximadamente, para la formalización de tierras de acuerdo con las solicitudes existentes”, señaló López.

Por su parte, varios integrantes del Centro Democrático, entre los que se encuentran Paloma Valencia, se oponen a la creación de una nueva Corte, con el argumento de que sería suficiente con una ley estatutaria en la que se creen otros mecanismos como una sala dentro de las altas Cortes existentes, y así evitar altos costos y mayor burocracia.

La senadora Valencia había presentado una solicitud de hundimiento, que le fue negada. A propósito sostuvo: “Colombia ya tiene seis altas cortes y vamos para una séptima; uno se pregunta: ¿será que quienes proponen esto no han entendido que el problema de la justicia es que no hay una jurisprudencia obligatoria, que es lo que permite que usted haga que todos los casos iguales, se fallen igual; eso da velocidad y transparencia, pero cuando usted tiene tantas cortes, lo que termina teniendo es que una corte diga una cosa y la otra y la de más allá otra, y el juez termina fallando como quiere”.

“A mí que no me digan que creando puestos en Bogotá para altos magistrados que ganan un montón de plata, que tienen exenciones tributarias, estamos ayudándole al campesino; es un problema de los procedimientos y de las normas”, concluyó.