En el ojo del huracán se encuentran los procesos de contratación de la Registraduría, y una de las críticas más fuertes de esta adjudicación proviene de la congresista Catherine Juvinao.

De acuerdo con lo informado por la Registraduría, la cual está dirigida por Alexander Vega, se trata del contrato para prestar la solución tecnológica y logística para la implementación y puesta en marcha del proceso de inscripción de ciudadanos y el registro virtual de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités independientes de voto en blanco para las elecciones regionales de 2023, que se celebrarán el próximo 29 de octubre.

El primer proceso de contratación inició el pasado 23 de noviembre, y habría de firmarse el 23 de diciembre, por un valor $205.923.159.013. Este tiene por objeto implementar un sistema tecnológico para adelantar el proceso de inscripción de ciudadanos y el registro virtual de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités independientes de voto en blanco para las elecciones 2023.

El proceso del segundo contrato que busca celebrar el registrador arrancó el 1 de diciembre y se firmaría el 26 de noviembre. El mismo asciende a $92.582.021.817. Este tendría como fin la implementación de un sistema de ciberseguridad para la infraestructura tecnológica de la Organización Electoral.

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Ante esto, Juvinao,  representante a la Cámara por Bogotá, de la Alianza Verde, aseguró ayer a través de sus redes sociales que la Registraduría habría incurrido en posibles irregularidades en la adjudicación de estos contratos. “A pesar de las advertencias de la Procuraduría General a la Registraduría se hizo caso omiso y se adjudicó el contrato para la inscripción de ciudadanos y movimientos sociales para las elecciones de 2023, por cerca de 206 mil millones de pesos. Solo se presentó una empresa: Thomas Greg & Sons”.

“Y hoy, 23 de diciembre en vísperas de Navidad, la Registraduría se prepara para adjudicar el segundo contrato sobre el que habíamos alertado: el de un sistema de ciberseguridad para la organización electoral por 92 mil millones de pesos. Solo se presentó una empresa: Mnemo Colombia S.A.S.”, agregó Juvinao.

“Un antecedente sobre Mnemo Colombia S.A.S: tuvo líos en 2015 por una contrato a dedo desde la Contraloría General de la República Colombia, en el que terminaron enredados tres contralores por presuntas irregularidades. Otro dato llamativo: dentro de las alianzas estratégicas de esta empresa se encuentra Indra”, sostiene la parlamentaria.

“En suma: Alex Vega aprovechó la Navidad para adjudicar dos contratos por casi $300.000 millones en dos procesos donde solo hubo un proponente, como consecuencia de la especificidad excesiva de los requisitos”, concluyó.