La ministra de Salud, Carolina Corcho, dejó entrever que en la próxima reforma del sector se vienen cambios grandes a las entidades promotoras de salud (EPS), razón por la cual ha recibido fuertes críticas de parte de los miembros de la oposición.

La alta funcionaria aseguró que ya se ha reunido con los directivos de esas entidades para plantear la hoja de ruta de lo que seguirá. “El Ministerio de Salud mantiene su propuesta al Ministerio de Hacienda y a la Comisión de que igualemos la UPC, porque siempre ha habido una diferencia entre el régimen contributivo y el subsidiado”, expresó Corcho.

“Hubo un fenómeno terrible en Colombia que es la integración vertical, que es cuando a las EPS les gira el Estado y se contratan a sí mismas y contrato mi clínica. Eso fue un diseño institucional perverso. Lo que les estamos diciendo es que se conviertan en una red de prestación de servicios. El sistema de salud siempre va a necesitar esas clínicas”, aseguró Corcho.

En esa línea, Corcho reiteró que lo que buscan con este modelo es que el Estado ya no use las EPS como intermediarias, sino que las clínicas reciban directamente los fondos para atender a los pacientes. “Lo que vamos a cambiar es la intermediación. Ya el fondo público gira y paga directamente a la clínica y al hospital que atiende al paciente en el territorio nacional. Se mantiene el aseguramiento social”, insistió la jefa de cartera.

Además, les insistió a las EPS que, desde el Ejecutivo, buscan que estas se “transformen en redes de prestación de servicios”. Según dijo, sería la “única vía” para que continúen en el sistema de salud en Colombia.

Ayer la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, señaló a través de Twitter que “si el Ministerio de Salud no paga las deudas que tiene con las EPS, antes del 31 de diciembre, veremos el plan para asfixiarlas y acabarlas. Las del contributivo y del subsidiado cerrarán 2022 con saldos en rojo, incumpliendo indicadores financieros y de solvencia”.

“No se entiende por qué el actual Gobierno lleva en proceso de verificación más de 4 meses y dilata el giro de unos recursos correspondientes a servicios que ya fueron prestados y cubiertos con presupuesto de las propias EPS”, agregó Valencia.

“La deuda del Gobierno nacional con las EPS asciende aproximadamente a 1,6 billones de pesos: los ajustes pendientes de la vigencia de 2021 ($790.000 millones) y lo correspondiente al 2022. La salud está en peligro”, remarcó la senadora.