Esta semana en el Congreso seguirá la discusión sobre el programa de transferencias monetarias no condicionadas Ingreso Solidario en la política de Estado, ante lo cual existe una ponencia positiva y una negativa.

La positiva fue presentada por el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, quien resaltó la necesidad de una transferencia monetaria no condicionada bajo el supuesto de pobreza monetaria extrema.

Ramírez planteó “el establecimiento del programa Ingreso Solidario como una política de Estado, promoviendo su permanencia, mejora y cobertura a través del tiempo en la población colombiana en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema”.

“La iniciativa busca dar continuidad al programa de Ingreso Solidario, promoviendo su naturaleza al nivel de política pública, susceptible de perfeccionamientos futuros, aprovechando lo que se ha logrado hasta el momento; es decir, 5,5 millones de usuarios contemplados por el programa, con una asignación anual de esta política cercana a los $8 billones de pesos”, expresó Ramírez.

También recordó que, de acuerdo con las cifras de incidencia de la pobreza monetaria en el país publicadas por el DANE en abril de 2022, a nivel nacional en el 64% de los hogares el jefe de hogar se encuentra desocupado y el 36,9% está ocupado pero con ingresos insuficientes.  

Ante esta situación Ramírez asegura que “la pobreza monetaria extrema acentúa la rudeza de las condiciones de ingreso del hogar, limita en máximo las posibilidades de acceso a oportunidades laborales, educativas y profundiza las acciones de violencia, dominio y constreñimiento de la población al ser tan vulnerable”.

En cambio, la ponencia negativa estuvo a cargo del representante Jorge Bastidas. del Pacto Histórico. Él asegura que “el programa denominado Ingreso Solidario no cumple con los criterios de lo que podría definirse como Renta Básica Universal, tales como: en primer lugar, que en vez de tratarse de un programa con vocación universal lo es de carácter focalizado, además de que consiste en ingresos insuficientes, los cuales no tienden a garantizar las condiciones para desarrollar dignamente todas las facultades del ser humano, en concordancia con lo consagrado en la Constitución Política y en las interpretaciones de diferentes sentencias de la Corte Constitucional al respecto”.

Además señaló que “mantener Ingreso Solidario en el largo plazo, comprometiendo recursos del Presupuesto General, tiende a complejizar y hacer más inflexible el proceso de planificación y presupuesto de la Política Pública Nacional, en lugar de contribuir con la simplificación y la racionalización de la estructura del gasto público, lo cual permitiría un uso más adecuado de los recursos”.