Presidente no es superior a otras ramas del poder público: Esguerra | El Nuevo Siglo
JUAN CARLOS Esguerra Portocarrero, exministro de Defensa y de Justicia, exconstituyente y jurista, aseguró que el Gobierno ve la justicia como si fuera un órgano dependiente del Ejecutivo que debe plegarse a sus dictámenes. / Foto Cortesía Foro Javeriano
Viernes, 9 de Febrero de 2024
Redacción Política

“NO CREO que haya ruptura institucional alguna”, aseguró el jurista, exconstituyente y exministro de Defensa y de Justicia a EL NUEVO SIGLO, en respuesta a las afirmaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro recientemente sobre el tema.

También cuestionó el asedio del que fue objeto la Corte Suprema de Justicia el jueves, después de que no hubiera ‘humo blanco’ en torno a la escogencia del nuevo fiscal, argumentando que los jueces deben tomarse el tiempo que consideren prudente para la elección.

Fue enfático al afirmar que el presidente es el jefe de Estado, pero no es superior a las otras ramas de poder, y que para salir de la crisis política en Colombia, urge el acompañamiento del pueblo a las instituciones.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo analiza lo que ocurrió esta semana con el asedio a la Corte Suprema de Justicia?

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO: Me parece muy peligroso y muy lamentable que haya ocurrido un episodio como este. A los jueces no se les puede presionar, ni políticamente ni de ninguna otra forma. A ellos hay que dejarlos ejercer sus funciones como corresponde.

En el caso específico de la tarea que tienen entre manos, que en este caso es la elección de fiscal general, no hay norma alguna que establezca un plazo dentro del cual deban hacerlo.

Deben tomarse el tiempo que estimen sea el más conveniente para el análisis de las hojas de vida, además para la discusión de las ventajas y desventajas de los distintos candidatos.

Pero no pueden caer en presión de ninguna naturaleza, menos por funcionarios del Gobierno o autoridades de otras ramas del poder público. Eso me parece inaceptable.

ENS: ¿Qué cree que debe hacer ahora la Corte: elegir fiscal lo antes posible o pedir cambiar la terna después de cuatro votaciones en las que gana el voto en blanco?

JCEP: Habrá que esperar qué resuelve la Corte, porque muy posiblemente termine poniéndose de acuerdo una mayoría suficiente para la elección. Si finalmente encuentran que, por alguna razón, alguna de las candidatas es inconveniente para la elección, devolverán la terna. Pero no creo que ese vaya a ser el caso. No puedo anticiparlo, por supuesto, pero me parece que el recorrido de las tres candidatas, profesionalmente hablando y en virtud de la experiencia que tienen, habla bien de ellas.

Me parece que son candidatas idóneas para ejercer la función de fiscal general de la nación.

Lo deseable en este caso es que la Corte logre los consensos suficientes para elegir fiscal con la mayoría necesaria, de preferencia pronto.

Ruptura institucional

ENS: El presidente dice que hay riesgo de ruptura institucional en Colombia para sacarlo del poder, pero sus críticos sostienen que, por el contrario, es el Ejecutivo el que propicia una ruptura institucional para afectar la independencia de poderes. ¿Quién tiene la razón?

JCEP: No creo que haya ruptura institucional alguna. Lo que sí es indispensable es que cada una de las ramas del poder público se concentre en las funciones que les corresponde cumplir. Que las cumplan cabalmente y no busquen interferir en las funciones de las otras.

Hay que respetar el Estado de derecho, por una parte, y la separación de poderes, por otra. Rompimiento institucional no veo ninguno, veo que se está buscando cumplir las tareas de cada uno.

ENS: ¿Cuál cree usted que es la intención del Gobierno de hablar de una ruptura institucional?

JCEP: Me parece que lo que hay es una reacción contra las investigaciones que ha venido realizando la Fiscalía General de la Nación, en relación con hechos vinculados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Daría la impresión de que estarían procurando que eso no se cumpla. Pero, desde luego, si se trata de un enjuiciamiento por esa razón al presidente de la República, pues no es la Fiscalía el órgano encargado de hacerlo.

Tendría que trasladarse el caso a la Comisión de Acusación y luego a la Cámara de Representantes y al Senado.

Estado de derecho

ENS: ¿Está en peligro el Estado de derecho en Colombia?

JCEP: Si seguimos por donde vamos, sin duda.

ENS: Si el Gobierno dio a entender que el presidente es jefe del fiscal general, ¿se puede considerar que la próxima fiscal general, proveniente de una terna presidencial, será autónoma?

JCEP: Esa autonomía y esa independencia tienen que respetarse, porque es perfectamente claro. Por lo mismo, en la Constituyente insistimos mucho en eso.

El proyecto original del Gobierno planteaba que el fiscal general de la Nación perteneciera a la rama ejecutiva; por consiguiente, que fuera subalterno del presidente de la República.

Lo que hizo la Constituyente fue destacar con toda claridad, para efectos de garantizar la autonomía e independencia del fiscal, que formara parte de la rama jurisdiccional del poder público y no de la rama ejecutiva.

Por consiguiente, no es, de ninguna manera, subalterno del presidente. Ahora, por supuesto que el presidente es el jefe de Estado, pero eso no lo hace superior jerárquico de quienes pertenecen a otras ramas.

Pronunciamientos OEA y marchas

ENS: ¿Cómo evalúa los dos pronunciamientos de la OEA esta semana?

JCEP: Me parece que la OEA se ha estado pronunciando respecto a unas quejas que le envió el presidente de la República. La OEA obró con precipitación. Creo que no se llenó de razones, que no indagó lo que realmente estaba ocurriendo y, a mi modo de ver, lo que hizo fue un pronunciamiento político por salir del paso.

ENS: Si hoy marcha el petrismo contra las decisiones de la Fiscalía de "Duque", según Petro, ¿en algunos meses marchará el antipetrismo contra la Fiscalía de "Petro"?

JCEP: No lo sé y espero que no vaya a ser así. En cualquier caso, si se trata de marchas para expresar acuerdos o desacuerdos, pues es legítimo en una democracia. Pero siempre desde la base de respetar la autonomía, independencia y el ejercicio de las funciones que le incumben a cada una de las autoridades, concretamente de los órganos del poder público.

Filosofía de la Constituyente

ENS: ¿Cuál es la filosofía de la Constituyente sobre la Fiscalía, a qué rama del poder público pertenecería y por qué?

JCEP: El proyecto original de reforma constitucional del Gobierno planteaba que la Fiscalía General formara parte del Ejecutivo como en los Estados Unidos. Es decir, un modelo parecido al norteamericano.

En la Constituyente consideramos que teníamos toda la razón en que, para garantizar la autonomía e independencia que debe tener la Fiscalía, para evitar inconvenientes como los que vio el mundo que tuvieron lugar en tiempos de la presidencia de Richard Nixon, que resolvía que sus fiscales tenían que ser de bolsillo, no se debía acogerse el proyecto del Gobierno.

Esas fueron una experiencia y una enseñanza muy importantes, que condujeron a que la Constituyente no acogiera el proyecto del Gobierno, en el sentido de establecer una Fiscalía que fuera parte de la rama ejecutiva, sino que deliberadamente se la adjudicó a la rama jurisdiccional para garantizar su autonomía e independencia, incluso, muy especialmente, frente al Gobierno.

ENS: ¿Ve aquí una especie de "estado de opinión" petrista contra el estado de derecho institucional?

JCEP: No sé si ese sea el propósito, pero es lo que está ocurriendo.

ENS: ¿Cuál podría ser una salida hoy a la crisis política e institucional en Colombia?

JCEP: El respaldo total de los colombianos a las distintas autoridades, a la separación de poderes, rodear en este momento a la Corte Suprema de Justicia para garantizar el cumplimiento de su tarea con toda tranquilidad y con toda objetividad.

ENS: ¿Un gobierno que ve a la justicia como una especie de enemigo político tiene credibilidad, según los críticos, para presentar una reforma a la justicia, como la que está en ciernes?

JCEP: Me parece que por lo menos en ese aspecto es un gobierno que está equivocado, que debe revisar y enderezar su rumbo.

Equivocado porque está viendo la justicia como no es. La está viendo como si fuera un órgano dependiente del Ejecutivo, que debe plegarse a los dictámenes del Ejecutivo, lo que, por supuesto, no puede ocurrir.