Brasil pidió ayuda a Argentina para localizar en su territorio la posible presencia de más de 140 fugitivos del ataque a los tres poderes públicos en 2023 por seguidores del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, informó este lunes la cancillería.
A través de la representación diplomática del país en Buenos Aires, la justicia de Brasil envió el viernes a la cancillería argentina un pedido para "verificar si 143 fugitivos de la justicia están localizados en territorio argentino", dijo a la AFP un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La policía brasileña ha detenido a cientos de presuntos vándalos, financistas e incitadores de los asaltos ocurridos en enero de 2023, una semana después de la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Algunos han recibido condenas por delitos como golpe de Estado, con penas de hasta 17 años de cárcel.
La semana pasada la Policía Federal de Brasil anunció la recaptura de unas 50 personas relacionadas con la invasión de las sedes de los poderes que habían incumplido sus medidas cautelares judiciales.
Pero dijo que otros 159 "condenados o investigados" eran considerados "fugitivos" e incluso podían haber huido a otros países, incluyendo la vecina Argentina, según reportes de medios brasileños.
La Policía Federal dijo el viernes en una nota a la AFP que incluirá en las listas de buscados de Interpol a "los condenados que posiblemente estén en Argentina" y solicitará su extradición, en articulación con la cancillería y la corte suprema.
El gobierno argentino negó el sábado tener conocimiento de la presencia de los fugitivos.
"Nosotros todavía no tenemos ninguna información de ese tipo, no tenemos alertas rojas sobre esas personas (...) al ministerio de Seguridad no ha llegado ningún tipo de requerimiento, tampoco de Interpol, ni de personas, ni de nombres, ni de listas", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones a Radio Mitre.
El 8 de enero de 2023, miles de militantes bolsonaristas invadieron el palacio presidencial, y las sedes del Congreso y la corte suprema, reclamando la intervención de las Fuerzas Armadas para deponer a Lula y denunciando un supuesto fraude en las elecciones.