Análisis. En abril, a lo largo de tres semanas, mataron a tres carabineros en Santiago de Chile, entre ellos Daniel Palma, un popular policía cuya muerte impactó a los ciudadanos, acostumbrados a vivir en el país más pacífico de América Latina. 

Al oriente del continente, en Rosario, Argentina, una comunidad lamentaba la muerte de Máximo Gerez, un niño que había sido víctima de la delincuencia en la ciudad más peligrosa de este país. Este hecho ocurría sólo tres días después del ataque a tiros contra la cadena de supermercados de propiedad de la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Santiago o Rosario, da igual, en casi cualquier ciudad de la región se viven hechos como éstos. Más que la corrupción, la desigualdad o la salud, los latinoamericanos casi siempre responden en sondeos que los mayores problemas en sus países son el crimen y la inseguridad.

Según Gallup, en su encuesta regional de febrero, el 71% de los chilenos “considera que la delincuencia se disparó en los últimos cuatro meses”. Este porcentaje es mayor en Ecuador, donde el 85% de los ciudadanos responde que la inseguridad se ha incrementado. Además de un aumento considerable de las tasas de homicidio (26 por cada 100,000 habitantes), hoy el 48% de los ecuatorianos también dice que al menos un miembro de su familia ha sido víctima de hurto.

La inseguridad, de acuerdo a cálculos estimados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene un costo promedio del 3% del PIB de los países de América Latina, un porcentaje que impacta negativamente los ingresos que se derivan, dependiente del país, de una parte significativa de la extracción de materias primas.

En los últimos años, Ecuador, Paraguay y Bolivía -ya no las siempre citadas Colombia, Brasil o Centroamérica- se han convertido en puertos alternativos para transportar estupefacientes o centros de acopio de contrabando, drogas y tráfico de migrantes. Ciudades como Guayaquil o Ciudad del Este -Paraguay- confirman este fenómeno criminal.

Por dónde comenzar

¿Cuál es el origen de esta oleada de inseguridad? Esta pregunta casi siempre se responde con lo mismo: las drogas ilícitas. La región es la principal productora de cocaína y fentanilo del mundo y la segunda -detrás de Afganistán- en producción de amapola. En todo caso, no sólo los estupefacientes sino un crimen organizado cada vez más profesional, así como la transaccionalidad de los grupos delincuenciales explican el auge de los delitos violentos en muchos países.

El exsubsecretario de lucha contra el narcotráfico de Argentina y analista de seguridad, Martín Verrier, dice que “mucho tiene que ver esta explosión en la producción de cocaína, no solo en Colombia sino también Perú”, en una entrevista con la revista en seguridad y defensa, Pucará.

Se piensa que Colombia, que hoy produce 1.400 toneladas al año de hoja de coca, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, de la ONU, concentra toda la producción del alcaloide. La realidad está lejos de ser así. Hoy Perú produce 800 toneladas de coca al año, que son comercializadas en los mercados ilegales del sur del continente, como Argentina, Chile y Paraguay. Entre Perú, Colombia y Bolivía -el tercer productor del mundo- se generan más de 2.400 toneladas del alcaloide al año.

Le puede interesar: Procesos a Trump, ¿viento de cola a su candidatura?

A esta producción histórica de coca se le suma el auge del fentanilo en el norte de América Latina. Como parte de una estrategia para abaratar costos de transporte y monopolizar la cadena de producción, los carteles mexicanos han dejado de comprar fentanilo en los mercados chinos y han pasado a concentrar la producción y comercialización de esta droga en México.

Transnacionalidad

Ya la región acumula décadas produciendo pasta de coca y otras drogas ilícitas, algunos años baja la producción, otros sube. Es cíclico. En esa lógica, lo que más llama la atención a analistas como Verrier es la expansión y fortaleza de las estructuras criminales. “Estamos en el peor momento en términos de avance del crimen organizado transnacional”, dice a Pucará.

La muerte del carabinero Daniel Palma, con la que se empieza este artículo, hace parte de este fenómeno transnacional en Chile. El homicida, un hombre de origen venezolano, pertenece al Tren de Aragua, que opera en el centro y sur del país, y se disputa terrenos en el norte con grupos criminales más pequeños de origen colombiano y peruano. Lo que demuestra que el crimen organizado que proviene de otros países y tiene muchas veces más capacidad que las mismas fuerzas de seguridad, hoy es quizá el mayor responsable del aumento de la inseguridad en este país.

Reconocido en varios países por su sevicia, el Tren de Aragua, una estructura que nació en las cárceles de este estado venezolano, hoy se ha expandido en al menos cuatro países de la región: Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Sin embargo, entre los diferentes grupos de crimen organizado regionales, está lejos de ser el más grande.

Al costado oriental de Sur América, el Primer Comando Capital de Sao Paulo (PCC) y el Comando Vermelho (CV) tienen una importante presencia en al menos cinco países de la región. El CV se encarga de intercambiar armas por coca con las disidencias de las Farc y en controlar la comercialización de cocaína en Argentina y Paraguay. Por su parte, el PCC hace presencia en la triple frontera (Brasil, Argentina y Paraguay) en la que existe una de las mayores redes de contrabando de la región. “El PCC, además, les garantiza la seguridad a los miembros de Hezbollah encarcelados y, en contrapartida, Hezbollah abastece PCC de armas y explosivos”, dice Verrier.

La presencia del crimen organizado transnacional se desarrolla a través de una extensa red de aliados criminales, desde pandillas de barrio, como opera el Clan del Golfo en el Pacífico colombiano hasta la interacción con grupos criminales financiados por países (Irán), el caso de Hezbollah, que conectan con grupos como los brasileños CV y PCC, las guerrillas colombianas o estados cuasi criminales como el caso de Venezuela.

América Latina enfrenta una crisis de seguridad que golpea sin excepción, aunque en diferentes escalas, a todos los países de la región. La necesidad de una política regional para enfrentar el avance del crimen organizado transnacional resulta necesaria e inmediata ante estructuras cada vez más conectadas y profesionales. Sin ella, la región va camino a convertirse en un paraíso criminal, sino es que ya lo es.