Hasta el momento, en el ámbito mundial, los procesos de reactivación sólo parecen cobrar plena vigencia y efectividad en China. Sería la única locomotora productiva del orbe que se está consolidando, con la evidencia de un crecimiento de 18.3% de producto interno bruto, para el primer trimestre de 2021. En relación con los otros países, la tendencia ha sido generalizada respecto al declive productivo y, por tanto, de amenazas de empeoramiento, para las condiciones sociales. El Gran Confinamiento forzado por la actual pandemia ha exacerbado males de añejo cuño.
A partir de esas condiciones existe el consenso generalizado en cuanto a la urgencia de aplicar planes de reactivación. La evidencia demuestra que este requerimiento debe ir acompañado de medidas que muy escasamente tienen relación con la ortodoxia en el sentido de esperar que, por sí sólo, el mercado cierre brechas, repare mecanismos que se han visto distorsionados y busque eficazmente los ansiados y crecientes niveles de desarrollo.
Se requiere ahora de una política económica que se base en el sentido inclusivo derivado de un notable desempeño institucional. De esa cuenta, tal y como se hace palpable, los países que han enfrentado la crisis desde su inicio, con un entramado más efectivo de sus instituciones han podido ir sorteando de mejor manera la pandemia, tales los casos, de Uruguay, Costa Rica, Chile y hasta cierto punto Panamá, junto a Trinidad y Tobago.
Respecto a los planes de recuperación en sus acepciones más generales, en líneas de política económica gruesa, mas no por ello menos indicativa, existe el contraste entre lo que se señala por parte del fundador del Foro Económico Mundial (FEM) de Davos, Suiza, y las posiciones de varios países latinoamericanos.
El fundador del FEM, Klaus Schwab (1938 -) ha hecho planteamientos que, con mucho, sintetizan recomendaciones derivados de ese mecanismo anual que trata de formular consensos, a partir de sus reuniones ordinarias en enero de cada año.
Un primer rasgo de declaraciones recientes de Schwab puntualiza que, como parte de las grandes lecciones de la pandemia, “debemos de establecer un esfuerzo global coordinado”. Se requiere de cooperación internacional. Por ejemplo, en el tema de las vacunas, nadie estará totalmente protegido hasta que se alcance el “umbral para inmunidad de rebaño” de al menos un 70% de la población mundial.
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En segundo lugar, se lanza una declaración que en Latinoamérica en general constituye una carga de profundidad, un golpe a las tradicionales políticas sociales y económicas, las que normalmente se han llevado a cabo en la región: “Debemos enfrentar las grandes deficiencias de nuestros sistemas, en particular la falta de inclusión social, la sostenibilidad -en especial, en términos ambientales. Debemos abordar la imperiosa necesidad de llegar a un nuevo contrato social”.
Este segundo apartado hace énfasis en algo que puede ser normal en las sociedades más desarrolladas: contar con una urdimbre de instituciones incluyentes, de entidades públicas que posibilitan la incorporación de la sociedad, con todos sus grupos, al esfuerzo del desarrollo. Algo que, en general, está, en mayor o menos grado, lejos de alcanzarse en los países latinoamericanos.
Veamos por ejemplo la situación fiscal. Lo que se requieren son sistemas tributarios que sean eficaces en el cobro -incluyendo un no rotundo al contrabando o la evasión- transparentes en el egreso tanto de funcionamiento como de inversión, conocido en muchas ocasiones como gasto público. Se insiste: que ese egreso sea transparente -lo que incluye lucha frontal contra la corrupción. Y no menos importante, que la naturaleza de los sistemas fiscales sean progresivos: quienes más contribuyen son quienes más se benefician de la dinámica económica y social imperante.
En tercer lugar, rematando con esa serie de implicaciones a que se ha hecho mención, en lo referente a la inclusión, Schwab categóricamente advierte: “Lo primero es hacer frente al desempleo, a la caída del crecimiento económico, a partir de un modelo tributario que propicie una mejor redistribución y financiar redes de protección social. En Ginebra tenemos un impuesto sobre la renta relativamente alto, no existe fiscalidad sobre las ganancias de capital, porque eso estimula la inversión, pero hay un importante impuesto sobre las fortunas”. El fundador del Foro Económico Mundial también subraya que “Antes de emprender una reforma fiscal, es necesario acabar con las numerosas formas de evasión fiscal y con los paraísos fiscales”.
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No enfrentar los desafíos que nos presenta la inclusión social, promoverá inexorablemente el riesgo de crisis, de protestas sociales generalizadas. Es un medio de cultivo para aprovechar tanto necesidades crecientes como ignorancia. Aunque no es el único caso, el populismo de Trump se basó en ello. Sin embargo, allí están vivos, también, los nacionalismos guerreristas en Estados Unidos, en Francia, en Holanda, en Austria, en la misma Alemania, para no referirnos a la espléndida ineptidud de Bolsonaro en Brasil.
Otro riesgo: la reducción de la movilidad social. Languidece la perspectiva de que los hijos pueden llegar a tener mejores condiciones de vida en relación con la que tuvieron sus padres. “Si no naciste en una familia adecuada, las oportunidades no te acompañan”.
En Latinoamérica, la dirigencia política y económica en general, da muestras de no coincidir siempre con estos planteamientos que conllevarían medidas de política en pro de un desarrollo sostenible, de un crecimiento de producción que promoviera mayor equidad. Muchas veces, nos negamos a enfilarnos por los senderos de positiva causación acumulativa para el desarrollo, mecanismos de los que ya hablaba el Nobel de Economía 1974, Gunnar Myrdal.
*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor Titular, Escuela de Administración de la Universidad del Rosario
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