El 12 de junio de 2008, los ciudadanos de la República de Irlanda acudieron a las urnas para aprobar o rechazar el Tratado de Lisboa, el cual modificaba el Tratado de Maastricht de 1992 y centralizaba aún más el poder de la Unión Europea (UE). Por ejemplo, el tratado creaba el cargo de Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, un Ministro de Política Internacional a nivel europeo cuyo poder, eventualmente, debía eclipsar el de los cancilleres nacionales.

El futuro de la UE dependía de la república irlandesa, pues los parlamentos de los demás países miembros ya habían aprobado el Tratado de Lisboa, el cual requería el beneplácito de Irlanda para ser ratificado por unanimidad. Similarmente, el destino de Europa depende hoy de Irlanda, pues la UE decidió que la viabilidad del brexit girara exclusivamente alrededor del asunto de la frontera que comparten Reino Unido y la República en esa isla.

Durante las últimas décadas, dicha frontera ha sido sobre todo simbólica, porque tanto Irlanda como Gran Bretaña pertenecen al mercado interior de la UE. Por ende, el capital, los bienes, los servicios y las personas han podido transitar sin impedimento entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, uno de los cuatro países que conforman el Reino Unido. El objetivo del brexit, sin embargo, es remover completamente a Gran Bretaña del marco regulativo europeo, incluyendo el mercado común, para recuperar así la libertad de comerciar con el resto del mundo sin las restricciones proteccionistas que impone la unión aduanera europea.

 Por su parte, Bruselas insiste en que no tolerará una frontera tradicional entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, porque esto podría reanudar la violencia entre republicanos que pretenden unificar Irlanda en un solo país y unionistas que prefieren seguir perteneciendo al Reino Unido. Según la UE, el brexit es una amenaza para el Acuerdo del Viernes Santo de 1998, que puso fin a la violencia sectaria en Irlanda del Norte. Dicho argumento, sin embargo, no toma en cuenta que el gobierno del Primer Ministro británico, Boris Johnson, ha insistido en que no tiene intención alguna de establecer una “frontera dura” en Irlanda.

Como alternativa, Johnson le presentó a Bruselas una propuesta formal esta semana. Según sus términos, Inglaterra, Gales y Escocia saldrían de la UE el próximo 31 de octubre, pero Irlanda del Norte se mantendría alineada con las regulaciones industriales y agrícolas del mercado común europeo durante un período de transición de cuatro años. En primer lugar, esto implicaría la creación de una frontera marítima entre Irlanda del Norte y el resto de Gran Bretaña, en la cual sería necesario declarar los bienes y productos que transiten desde una costa a la otra.

 El segundo pilar de la propuesta de Johnson es la creación de una frontera aduanera especial entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Los controles de los bienes y productos que crucen desde un país a otro nunca se llevarían a cabo en la frontera terrestre, sino en las sedes de las empresas autorizadas y, en otros casos, en puntos alejados de la frontera, cuya ubicación se establecería durante el período de transición mencionado.

 El gobierno británico propone que, después de cuatro años, Irlanda del Norte, territorio que no se acogerá a la regulación laboral ni ambiental europea, decida a través de su asamblea o un referendo si prefiere mantener el sistema de dos fronteras o alinearse del todo con el resto de Gran Bretaña.

 De manera crucial, la propuesta de Johnson cuenta con el apoyo de las facciones parlamentarias que bloquearon el acuerdo previo entre la UE y la antecesora de Johnson, Theresa May: el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, los euroescépticos conservadores de línea dura, los antiguos conservadores que se oponen a un brexit sin acuerdo y los laboristas opositores que representan comunidades que votaron a favor del brexit en el norte de Inglaterra. Es decir, la propuesta del Primer Ministro parece contar con una mayoría en el Parlamento británico.

No obstante, Leo Varadkar, el Taoiseach o jefe de gobierno de Irlanda, rechazó de inmediato la propuesta de Johnson y exigió que Gran Bretaña cancele el brexit. También el influyente europarlamentario belga Guy Verhofstadt, jefe de la estrategia del Parlamento Europeo frente a la salida del Reino Unido, descartó la iniciativa británica, citando su oposición a cualquier tipo de control fronterizo en Irlanda.

No obstante, la alternativa de un brexit sin acuerdo requeriría controles en la frontera. En el mejor de los casos, estos se llevarían a cabo de una manera similar a la que propone Johnson. Según Eamonn Butler, director del Adam Smith Institute de Londres, lo que realmente busca Bruselas es “evitar el ingreso de productos con precios globales a su zona económica, protegida con altos aranceles”.

 La reacción de la UE a la sensata propuesta de Johnson revela que, en el caso del brexit, busca repetir la estrategia que implementó en Irlanda tras el referendo del 2008, cuando los ciudadanos rechazaron el Tratado de Lisboa en las urnas. Bruselas presionó al gobierno irlandés para que llevara a cabo un segundo referendo en octubre del 2009, en el cual, de manera predecible, ganó el bando eurófilo. La UE quisiera ver un resultado similar en Reino Unido en el 2020.

La pregunta es si Gran Bretaña podrá resistir el esfuerzo europeo por suprimir la decisión democrática más importante de su historia reciente.