Explicaciones "patéticas" o simple "maniobra". El gobierno español se vio este martes bajo fuego tanto de sus socios habituales como de la oposición, sin lograr disipar las dudas sobre un escándalo de espionaje que amenaza su estabilidad.

Detonante de una crisis entre el ejecutivo y sus aliados independentistas catalanes, que acusan a los servicios secretos de espiarlos, el caso estalló hace dos semanas cuando la organización canadiense Citizen Lab identificó a más de 60 personas de la órbita separatista cuyos teléfonos móviles habrían sido infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.

El asunto del ciberespionaje dio un vuelco el lunes cuando el gobierno anunció que Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados mediante el mismo programa informático en mayo y junio de 2021.

El gobierno reiteró este martes, en voz del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que solo tuvo conocimiento de estos hechos el fin de semana, luego de una verificación "en profundidad" de los teléfonos móviles de los miembros del gobierno.

Pegasus permite acceder a los datos, servicios de mensajería o activar remotamente las cámaras y micrófonos del teléfono. 

Bombardeada con multitud de preguntas sobre el tema en la rueda de prensa semanal tras el consejo de ministros, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, repitió varias veces que el ejecutivo no tenía "nada que ocultar", pero sin entrar en mayores detalles.

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¿Peligro para la legislatura?

Pero el momento justo en que fue denunciado el espionaje contra Sánchez y la ministra de Defensa suscitó interrogantes tanto en la oposición como en los aliados del gobierno de izquierda.

Los miembros del gobierno "ayer (lunes) de repente pasaron de supuestos culpables a víctimas, su credibilidad es cero", declaró ante periodistas Gabriel Rufián, del partido independentista catalán, ERC, apoyo clave del gobierno en el parlamento. "Las explicaciones han sido patéticas", deploró.

En la derecha, Esteban González Pons, alto dirigente del Partido Popular (PP), acusó al gobierno en Twitter de anunciar "brechas en seguridad nacional con un año de retraso sólo porque quiere congraciarse" con ERC, mientras que la número dos de la formación conservadora, Cuca Gamarra, se preguntó si no se trataría solo de una "maniobra" política.

Con un cariz cada vez más delicado para el gobierno minoritario de Pedro Sánchez, que depende en el parlamento del apoyo de ERC, esta crisis "se puede cargar (acabar con) la legislatura" antes de su fin previsto para finales de 2023, advirtió Gabriel Rufián.

Ya tirantes, las relaciones del Partido Socialista de Sánchez con su socio de izquierda radical en la coalición de gobierno, Podemos, se tensaron aún más, con la petición de esta última formación de "responsabilidades políticas", en referencia a dimisiones de personas a cargo de los servicios de espionaje.

Podemos se unió el martes a ERC y otros partidos en reclamar una comisión de investigación en el parlamento, una posibilidad que no cuajó debido a la oposición de los socialistas y la derecha.

Comparecencia de Sánchez

Pero Pedro Sánchez sí tendrá que ir al parlamento a dar explicaciones sobre el escándalo, en una fecha aún por definir, gracias a una solicitud que sí fue aprobada con el respaldo de la derecha.

Hasta ahora sin aclarar si los servicios secretos espiaron a los independentistas o no, el gobierno afirmó que el espionaje que sufrió se trató de un "ataque externo".

Interrogado sobre la posibilidad de que Marruecos esté implicado, el ministro Félix Bolaños pidió este martes no hacer "suposiciones", mientras un alto tribunal en Madrid inició una investigación sobre los hechos.

La infección de los aparatos oficiales con Pegasus coincidió con una crisis diplomática con Marruecos, provocada por la acogida en España para tratarse el covid del jefe de los independentistas saharahuis del Frente Polisario, Brahim Ghali, enemigo jurado de Rabat.

Marruecos fue acusado en 2021 de haber utilizado Pegasus, al cabo de una investigación de un consorcio de medios internacionales. Rabat rechazó unas acusaciones que calificó de "falsas y sin fundamento".