El oficialismo, a través de la Constituyente, le quitó la inmunidad parlamentaria. Ahora, a la espera de un decreto, podría ser encarcelado. ¿Se atreverá, Maduro? 

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La crisis venezolana ha llegado a un momento espinoso: la posible detención del presidente interino, Juan Guaidó. La Asamblea Nacional Constituyente -al servicio de Nicolás Maduro-  decidió quitarle la inmunidad parlamentaria al Mandatario Encargado, acción basada en una institucionalidad negada por la oposición venezolana y sus aliados por ilegítima, pero que continúa funcionando en el plano político y jurídico.

En los dos meses y 10 días que lleva el proceso de transición liderado por el Presidente Interino, este parece el momento más difícil por el desafío que significa que lo pongan preso. Su captura llevaría a una agudización de la crisis política con efectos tanto a nivel doméstico como en la comunidad internacional.

Dos realidades

La compleja realidad en Venezuela se define en particular por tener dos gobiernos. Aquel 23 de enero, cuando Guaidó se autoproclamó presidente por la usurpación del poder por parte de Maduro, muchos, incluyendo los periódicos, no sabíamos cómo definir políticamente ese momento. Hoy es claro que existen dos gobiernos y su legitimidad es definida dependiendo de la red de aliados que tienen.

La muestra de ello es la institucionalidad local, que sigue en manos del oficialismo. Aunque el primer mes de Guaidó significó un acorralamiento de Maduro y su cúpula, con pocas apariciones públicas, marzo y el apagón -que aún persiste- recordaron que los chavistas dominan las instituciones, con la posibilidad de decidir cuándo bombear agua en las ciudades o determinar el futuro de la inmunidad del Presidente Interino.

Viciada desde su origen, la Constituyente, figura usada por el oficialismo para profundizar el modelo cubano y sopesar el poder de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo), ahora ha decidido retirarle la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. “¡Justicia, justicia popular!”, gritaron los chavistas el martes por la noche. “Para mí el allanamiento es muy poco. ¿Cómo se trata a los traidores de la patria?”, comentó una exministra, a lo que la sala respondió “¡Paredón, Paredón!

La decisión de la institución chavista, que paralelamente ha funcionado con el Parlamento legítimamente elegido en 2015, hace parte de un proceso contra el Presidente Interino que comenzó la semana pasada a través de las medidas tomadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entidades gubernamentales calificadas de actuar en favor de los intereses del oficialismo.

Maikel Moreno, presidente del TSJ, ratificó una sentencia proferida el pasado 29 de enero, en la que se dijo que Guaidó había incurrido en “desacato” por autoproclamarse como presidente interino, desconociendo la presidencia del “presidente constitucional Nicolás Maduro”. Unos días antes el CNE había afirmado lo mismo, en la misma línea de las instituciones chavistas.

Acorralado a nivel internacional, el oficialismo emplea todas sus herramientas locales para insistir en que sus decisiones se toman acorde a la Constitución y las instituciones que se derivan de ella. Así busca imponer una retórica de lo legal y lo ilegal, poniendo en esta última a la dirigencia opositora, una vez más.

El control del Ejército, la justicia, la entidad electoral y la mayoría de organizaciones estatales sigue en sus manos. Esto le permite no solo administrar, sino hacer uso del monopolio de cada una de estas para bloquear a los opositores, como el caso de Guaidó.

En ese escenario, son pocas las posibilidades que tiene Guaidó para oponerse a las decisiones que tome el régimen de Maduro. El apoyo popular, marcado además por la impopularidad del líder chavista (14%), es una de sus principales herramientas que tiene, acompañado del apoyo de 60 países.

Reacción

Como era esperable, luego de conocerse el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guaidó la comunidad internacional reaccionó en apoyo al dirigente opositor. Alemania, Colombia, Chile, Argentina y Estados Unidos fustigaron el bloqueo del chavismo y exigieron respeto para con el Presidente Interino.

Reiteró, la ONU, “su llamado a todos los actores para que tomen medidas inmediatas que rebajen las tensiones y que se abstengan de cualquier acción que pueda llevar a una mayor escalada”. Por su parte, el presidente Iván Duque, desde Bogotá, espetó: “Una detención de la dictadura amerita un claro rechazo y una acción multilateral para el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela”.

En la noche del martes, horas antes de la excarcelación de su conductor, Luis Páez, Guaidó exhortó nuevamente a los militares a que se pongan del lado de la Constitución, de su lado. “Las Fuerzas Armadas tienen una decisión que tomar, tienen todos los elementos en la mesa”, dijo al salir de la reunión del Plan País (proyecto para recuperar la economía nacional).

“Si quieren avanzar contra mí, háganlo. Eso sí, asuman las consecuencias. El costo político que tenemos que generar es la protesta estratégica, organizada. El 6 de abril todos a la calle”, respondió Guaidó a las acciones continuadas del CNE, Contraloría, TSJ y ANC en su contra.

Este sábado se esperan nuevas movilizaciones en todo el país como plan piloto para la “Operación Libertad”, una marcha que ha sido calificada por los opositores como la parte final de la etapa del cese de la usurpación, es decir, la salida de Maduro del poder.

Las amenazas del chavismo contra el Presidente Interino no son nuevas. El 13 de enero, tres días después de haber sido elegido como Presidente de la Asamblea Nacional, miembros de los servicios de seguridad, aliados a Maduro, bloquearon su carro en la autopista Caracas-La Guaira, lo bajaron y lo esposaron. En contados minutos fue liberado.

Ya varias personas de su círculo más íntimo están detenidas. En la madrugada, hace dos semanas, el jefe de su despacho, Roberto Marrero, fue apresado. Y muchos de los dirigentes opositores con los que el joven disidente ha crecido están en el exilio o presos: Julio Borges, Freddy Guevara y Leopoldo López, por el que ingresó a la política.

El allanamiento de la inmunidad parlamentaria significa un paso que, sin embargo, debe formalizarse con un decreto, que podría conllevar a una orden de captura. Eso aún no ha pasado.