FUE el vicepresidente de su primer mandato y lo exaltó como orgullo nacional cuando por sus múltiples galardones literarios. Para Daniel Ortega era en esos momentos un ejemplo a seguir. Sin embargo, con el paso de los años y el desarrollo de su plan para gobernar eternamente a Nicaragua cambió radicalmente su visión frente al escritor y ahora lo puso en la mira judicial.

Esa es la historia rápida de la relación entre Ortega y el escritor Sergio Ramírez, quien hoy tiene una orden de captura por presuntamente cometer actos que “incitan al odio” y por “conspirar” contra la soberanía”, delitos que el presidente hizo tipificar en una reciente reforma a su acomodo y bajo la cual ha abierto juicios a decenas de opositores, hoy tras las rejas o en detención domiciliaria.

“La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional, y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes”, sostuvo el intelectual, escritor, poeta y exvicepresidente de la Junta de Reconstrucción nacional, Sergio Ramírez.

Esta semana la Fiscalía de Nicaragua emitió un comunicado en el que informa “se presentó acusación en contra de Sergio Ramírez Mercado por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia", y que a renglón seguido lo acusa de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos directivos están acusados de lavado bienes y activos. 

El ente acusador precisó que las acciones imputadas al novelista "encuadran en el tipo penal de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en concurso con el delito de lavado de dinero, bienes y activos" tipificados en el código penal.

La acusación, petición de captura y allanamiento de morada fueron presentadas el martes contra Ramírez, quien según la Fiscalía recibió dinero a través de la Fundación Luisa Mercado, una entidad promotora de cultura, con el objetivo "desestabilizar" el país.

Ramírez, de 78 años, también fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que asumió el país tras el triunfo de la revolución de 1979, y años después, como reseñamos, vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990). 

En 1995, renunció por discrepancias al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda).

Los cargos contra el autor de "Castigo divino" son los mismos que la Fiscalía le atribuye a 34 opositores y críticos del Gobierno, detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, bajo leyes aprobadas por el Gobierno en diciembre pasado.

Ganador en 2017 del Premio Cervantes, el más importante de la literatura en español, Ramírez permanece fuera de Nicaragua después de que a inicios de junio fuera entrevistado en calidad de testigo por la Fiscalía sobre sus vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirigía la aspirante opositora a la presidencia Cristiana Chamorro.

En ese entonces, el también premio Alfaguara 1998 por "Margarita, está linda la mar", explicó que el apoyo financiero a la Fundación Luisa Mercado, nombre de su madre, era para actividades de la plataforma cultural Centroamérica Cuenta, que anualmente reúne a escritores, narradores y poetas del mundo.

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 "Nunca me impondrán el silencio"

El laureado escritor reaccionó en sus redes sociales a la acusación que afirmó le hace el gobierno de Ortega a través de la Fiscalía.

"Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio, y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder", expuso a través de un video divulgado en sus redes sociales. 

Ramírez comparó la situación con lo ocurrido en 1977, cuando Anastasio Somoza lo acusó de delitos parecidos "cuando yo luchaba contra esa dictadura igual que lucho ahora contra esta otra".

"Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad, y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras, y nunca me impondrán el silencio", añadió.

Sobre la orden de allanamiento de su casa, Ramírez dijo que lo que encontrarán “es una casa llena de libros. Los libros de un escritor. Los libros de toda mi vida”. Porque, agregó, es un escritor comprometido con la democracia y con la libertad, “y no cesaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre”.

A casi dos meses de celebrar las elecciones, la justicia ha remitido a juicio a más de 20 detenidos, entre los que destacan cinco de siete aspirantes a la presidencia; Cristiana Chamorro, quien se perfilaba como una importante rival de Ortega en las elecciones de noviembre, es una de ellas.

Daniel Ortega, de 75 años, estuvo en el gobierno entre 1979 y 1990, primero al frente de una Junta de Gobierno y luego como presidente. En 1990 fue derrotado por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, pero regresó al poder en 2007 y se mantiene hasta la fecha.

Condena del PP

Las reacciones internacionales contra la ofensiva del régimen ‘nica’ contra el laureado escritor no se hicieron esperar y en España levantó una polvareda política.

El conservador Partido Popular pidió al Congreso que condene la represión de la oposición que está llevando a cabo la dictadura Ortega y en concreto la orden de arresto "ilegal" dictada contra el escritor Sergio Ramírez, que tiene también nacionalidad española y fue galardonado con el Premio Cervantes.

Tras acentuar "su deriva represiva en los últimos meses con la detención de líderes políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil", el Grupo Parlamentario Popular considera que la orden de detención de Ramírez "es un nuevo hecho deplorable en esta oleada criminal del régimen de Daniel Ortega".

Por ello, el portavoz adjunto del PP de Exteriores, Pablo Hispán, remitió un texto al presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja, el socialista Pau Marí Klose, para su aprobación como declaración institucional.

En concreto, los 'populares' piden que se condene "la persecución y la orden de detención" contra Ramírez y se exija "el fin de todo tipo de hostilidades contra su persona".

Asimismo, el texto presentado por el PP exige "la inmediata liberación de todos los presos políticos y el respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua".

Tras reiterar la condena a la dictadura de Ortega aprobada en la Comisión el pasado 29 de junio, el texto plantea exigir al Gobierno "la condena a la dictadura, la protección de todos los disidentes y la adopción de todo tipo de iniciativas para la liberación de todos los presos".

Por último, y como ya hacía aquella resolución, exige al Ejecutivo "la adopción de iniciativas en la UE para incrementar las restricciones a la dictadura y la prohibición de entrada en la UE de cualquier miembro del régimen".

En su comunicado, el PP ha recordado que Ortega cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, por lo que ha confiado en que "el PSOE no se deje arrastrar una vez más por los comunistas que están en el Gobierno" y acepte el texto propuesto.