El Tribunal Constitucional de Perú rechazó la demanda competencial presentada para determinar la legalidad del uso de la incapacidad moral permanente como mecanismo para la moción de censura presidencial, aplicada el pasado 9 de noviembre contra el expresidente del país Martín Vizcarra.

A través de su cuenta de Twitter, el tribunal ha informado de que cuatro de los magistrados han considerado que "no hay nada que resolver" sobre la vacancia presidencial, mientras que tres de los jueces, entre ellos la presidenta, Marianella Ledesma, han defendido un "uso indebido" del instrumento de la moción de censura en el caso de Vizcarra.

Ledesma ha lamentado la decisión adoptada por la mayoría del pleno del Constitucional y ha asegurado ser "consciente de que hemos perdido una oportunidad histórica como tribunal" en una entrevista en la radio RPP.

Por otro lado, el magistrado Ernesto Blume, quién votó a favor de la desestimación de la demanda, ha señalado en declaraciones al mencionado medio de comunicación que la demanda no correspondía "por haberse sustraído la materia", tras añadir que la incapacidad moral permanente es "un concepto que no debe estar claro".

"Es una cláusula abierta que habilita al Congreso a sus diversas funciones", ha detallado Ledesma.

Vizcarra ha lamentado "profundamente" la decisión de la corte, ya que considera que ha actuado "de espaldas al país". "Millones de peruanas y peruanos reclamando en las calles, vidas entregadas para defender la democracia y para ellos no pasó nada ¡Qué decepción!", ha escrito en su cuenta de Twitter.

La demanda fue presentada por el fiscal de Asuntos Constitucionales del Ministerio de Justicia, Luis Huerta, para que el Alto Tribunal determinara cómo se debe interpretar la causal por incapacidad moral permanente que está prevista en la Constitución peruana y aplicada en el caso del expresidente.

Huertas señaló en la defensa de la demanda que el proceso fue "indebido e inconstitucional", ante lo que pidió a los magistrados adoptar acciones para "establecer medidas de reparación".

El fiscal ha lamentado las palabras del juez Blume y ha señalado el riesgo de que se vuelvan a producir conflictos a futuro, como las protestas vividas en el país tras la marcha de Vizcarra, por no haberse resuelto la controversia.

"El Tribunal no ha estado a la altura de la demanda o exigencias de la realidad nacional", ha considerado Huertas.

Entre tanto, el fiscal supremo Pablo Sánchez decidió que el Equipo Especial Lava Jato continúe investigando al expresidente Vizcarra por los supuestos sobornos que habría recibido por unas obras en su etapa de gobernador regional, ha informado el diario local 'El Comercio'.

La decisión del fiscal supremo implica que el fiscal Germán Juárez seguirá con las indagaciones sobre los presuntos sobornos que, de acuerdo con el testimonio de seis aspirantes a colaboradores, habría recibido Vizcarra por las obras Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua.

"Resulta sustancial tener presente la continuidad y salvaguarda de los avances en la investigación, por lo cual la determinación de la competencia deberá considerar objetivamente el grado alcanzado y la posibilidad de desarrollo de la investigación", indica el fiscal del Supremo en su resolución.

A mediados de noviembre, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial, presentó ante el despacho del fiscal supremo Pablo Sánchez un conflicto competencial por el caso del exmandatario, después de que el fiscal superior Omar Tello, coordinador de las fiscalías anticorrupción, ratificara la competencia del fiscal provincial Elmer Chirre para esa investigación.