La justicia peruana anunció este martes la condena a cuatro años de prisión suspendida al exfiscal general Pedro Chávarry por el delito de encubrimiento en favor de líderes del partido opositor liderado por la derechista Keiko Fujimori, en el marco del escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

"Juez supremo, Hugo Núñez Julca, dicta cuatro años de pena suspendida de cárcel contra exfiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, como autor de delito de encubrimiento real en agravio del Estado", señaló el Poder Judicial a través de su cuenta en la red social Twitter. 

La sentencia también lo inhabilitó por cuatro años para ejercer cargos públicos y le impuso el pago de 100.000 soles (unos 24.000 dólares al cambio) como reparación civil a favor del Estado.   

Chávarry, de 70 años, había sido apartado en febrero de su cargo de "fiscal supremo" (integrante de la cúpula colegiada de la Fiscalía Nacional) al que se aferró porque ello le daba inmunidad y se beneficiaba del apoyo fujimorista en el Congreso.

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El exmagistrado se vio forzado a renunciar en enero de 2019 como fiscal general, ante las denuncias en su contra y las protestas callejeras por destituir a los fiscales del caso Odebrecht.

Precisamente el exfiscal era procesado por pedir información reservada del caso Odebrecht y el cese de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial de la denominada operación anticorrupción brasileña "Lava Jato" (Lavadero de Autos), en diciembre de 2018, cuando aún era fiscal general del Perú.

Esa maniobra dejó al descubierto la intención del entonces fiscal general de frustrar un acuerdo de cooperación judicial entre las fiscalías de Perú y Brasil. 

En virtud de ese acuerdo los fiscales locales reciben testimonios y pruebas de sobornos a políticos peruanos con una modalidad conocida como "delación premiada". A cambio, la fiscalía desiste de acusar a los funcionarios brasileños de Odebrecht que brindan información trascendental. 

La decisión de Chávarry fue interpretada como un intento de frenar las indagaciones de este escándalo de pagos ilegales a políticos, que salpica a cuatro expresidentes peruanos y a líderes opositores como Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) y candidata derrotada en las pasadas elecciones.