El pleno del Congreso de Perú aprobó ayer, con 61 votos a favor, 41 en contra y 5 abstenciones, una moción rechazando lo que consideró inaceptables actos de intromisión en asuntos internos por parte de los presidentes de Colombia y México, por las manifestaciones que han hecho en favor de Pedro Castillo y críticas por su destitución. Petro no tardó en responder, insistiendo en que en este caso se está violando la Convención Americana de Derechos Humanos.
De igual manera, la plenaria del Congreso peruano exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que eleve la citada moción de orden del día por los canales diplomáticos pertinentes al Gobierno de México, en cabeza de Andrés Manuel López Obrador, así como al ministro plenipotenciario de Colombia en Perú, Eufracio Morales.
La moción fue sustentada por la congresista María del Carmen Alva Prieto, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien recordó que el 7 de diciembre pasado hubo un golpe de Estado en el Perú.
“Hubo una ruptura del orden constitucional por parte del expresidente Pedro Castillo Terrones, cuyo quebrantamiento ha originado una grave crisis interna que lamentamos a nivel nacional. Se está desarrollando una narrativa de manipulación en perjuicio de las instituciones democráticas del Perú”, señaló.
Mientras que el legislador Jorge Montoya Manrique dijo que estas injerencias afectan la dignidad nacional y crean una confusión internacional.
La semana anterior, el gobierno de Dina Boluarte, quien como vicepresidenta asumió la presidencia tras la destitución de Castillo por el Congreso por "permanente incapacidad moral", luego de que anunció la disolución del Legislativo y declaró un gobierno de excepción de emergencia, entregó a través de su Cancillería a la embajada colombiana en Lima una nota diplomática en la que manifiesta su profundo malestar por las declaraciones del presidente Petro.
“Las afirmaciones del presidente Petro constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del Perú, especialmente grave en el contexto de actos de violencia que han ocasionado lamentables pérdidas de vidas humanas; no son consistentes con las tradicionales relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a ambos Estados y pueblos; y se apartan de la prudencia que los sucesivos gobiernos del Perú y Colombia hemos cultivado respecto a los asuntos de política interna del otro Estado, especialmente en situaciones complejas y delicadas”, agregó en esa oportunidad la Cancillería peruana en el comunicado.
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Responde Petro
Tras conocerse la moción aprobada por el Congreso de Perú rechazando lo que calificaron como intromisión en asuntos internos por parte de los mandatarios de Colombia y México, el presidente Petro dijo que “el artículo 23 de la Convención Americana establece como derecho político elegir y ser elegido. Para quitar este derecho se necesita sentencia de juez penal. Tenemos un presidente en Suramérica elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal”.
Agregó Petro que “la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos es manifiesta en el Perú. No puedo pedirle al Gobierno venezolano que reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al mismo tiempo aplaudir que dicho Sistema se viole en el Perú”.
Castillo pide libertad
El destituido presidente peruano Pedro Castillo, preso acusado de rebelión, solicitó ayer a un tribunal de apelaciones su libertad y rechazó haber cometido delitos cuando intentó disolver el Congreso el 7 de diciembre pasado.
"Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Jamás he cometido un delito de rebelión", dijo Castillo, durante una audiencia virtual.
La defensa de Castillo pide que se revoque la prisión preventiva de 18 meses que el expresidente cumple en una prisión de una base policial en Lima.
"Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas", agregó el exmandatario.
El expresidente fue destituido constitucionalmente por el Congreso y se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas, según la Defensoría del Pueblo, que lo visitó hace una semana junto a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).