SIN PARTIDO en el Congreso, desaprobación del 76%, cinco investigaciones penales en contra, constante crisis política, amenazas de explosión social por la inflación desbordada y evidente desgobierno, el presidente de Perú, Pedro Castillo, llega a su primer año de mandato.

Cuando para sorpresa de medio país triunfó, por escaso margen, en la carrera por el Palacio de Pizarro frente a la derechista Keiko Fujimori, tenía una popularidad del 40% y, tanto sus bases electorales, ese Perú profundo como Castillo los definió, como su partido de fuerte arraigo izquierdista dirigido por Vladimir Cerrón, esperaron que este ‘outsider’ implementara su prometido cambio: modificación radical en el manejo político, frentera lucha a la corrupción y programas efectivos para reducir la pobreza.

Pero por su inexperiencia y excesiva confianza en sus ‘asesores’ (encabezados por Cerrón, considerado el poder detrás del trono) empezó a cometer errores desde que asumió la Presidencia. Ese día (el 28 de julio de 2021) designó en su gabinete a cinco personajes cuestionados e incluso investigados por presunta corrupción, apoyo a grupos ‘terroristas’ y aceptar los cargos pese a estar inhabilitados.

De entonces a hoy -casi por las mismas razones- ha cambiado tres el equipo ministerial, no menos de 200 funcionarios y destaca que en tan solo un año haya tenido cinco titulares en el Ministerio del Interior, algo inédito en ese país en las últimas décadas. El actual, Willy Huerta Olivas, quién había fungido como director de asuntos de la Iglesia Católica del ministerio de Justicia asumió apenas diez días.

Su antecesor, Mariano González Fernández, estuvo tan solo dos semanas como Mininterior ya que su decisión de crear un “equipo de búsqueda” (integrado por altos cargos policiales y militares) que en conjunto con la Fiscalía tiene como misión ubicar a varios exfuncionarios del gobierno y del entorno presidencial que participaron en la red de corrupción que presuntamente lideró el presidente Castillo para favorecer ascensos, entregar contratos, ejercer presiones e inclusive ayudar a los mismos a fugarse.

Fuertemente cuestionado por la inestabilidad política en el gobierno y ante la falta de políticas públicas o muchas de ellas ‘sin norte’ como lo calificaron analistas, fue sometido en noviembre a una moción de vacancia presidencial en el Congreso ya que un vasto sector adujo “incapacidad moral” para gobernar. Gracias a la bancada de Perú Libre y sus aliados superó este primer intento de destitución, al igual que el más reciente, el del pasado 29 de marzo, con el mismo argumento.

Cuando el maestro Presidente creía que se iba a consolidar su mandato tras esos dos instintos fallidos de sacarlo del poder comenzaron a conocerse hechos de presunta corrupción que van desde un posible plagio en su tesis de grado y reuniones fuera de Palacio con líderes empresariales para adjudicación de obras de infraestructura, hasta las más recientes por presunto cobro de influencia y sobornos para ascensos en las Fuerzas Armadas y encubrimiento.  

Son en total cinco investigaciones penales contra el presidente Castillo y se gesta otra por presunta “obstrucción a la justicia”.

Esos hechos aunados al paro nacional de transportadores por el alza en los combustibles el pasado marzo que el mandatario erróneamente pretendió conjurar con la declaratoria del estado de sitio y el toque de queda en Lima y el Callao, así como los altos precios de los alimentos ‘dispararon’ el descontento social que han progresivamente retirado su apoyo al gobierno.

Así, del 40% de respaldo popular que tenía el maestro-Presidente exactamente hoy un año atrás, ha decaído a 19%, inclusive en el centro y sur del país, sus bastiones electorales. La desaprobación a su gestión, según la más reciente encuesta de Datum es del 75%, cuando dicho guarismo era del 41% al iniciar mandato.

En el plano económico, la creciente inflación ha atizado el descontento ciudadano. Como lo expresó este domingo en entrevista a EL NUEVO SIGLO el profesor asociado en la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Miguel Córdova, en este primer año de mandato de Castillo se ha triplicado. En junio fue de 1.19%, el nivel más alto de las últimas dos décadas y la interanual ya roza el 9%. 

De igual forma el costo del dinero se ha elevado. Las tasas de interés pasaron de 0.25% (hace un año) a 5.5%.

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Cerco judicial

En lo que también marca récord el presidente peruano es que en tan corto tiempo tenga cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción y el pertinaz asedio de un Congreso -dominado por la derecha- que ante la negativa de Castillo a renunciar contempla la posibilidad de otro nuevo intento de destitución, con alta probabilidad de que esta tercera ocasión sea la vencida ya que al ser excluido de su partido Perú Libre (aunque se dice que es apariencia) no tendría defensor y se lograrían los 87 votos que se requieren en el Parlamento.

La Fiscalía abrió cinco investigaciones contra Castillo, cuatro por casos ocurridos en su gobierno.

Las causas contemplan un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución del anterior ministro del Interior, González.

También un presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares; supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública, el caso Puente Tarata III, donde se le sindica de liderar una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto al exministro Juan Silva, Bruno Pacheco y su sobrino Fray Vásquez. 

La otra investigación tiene que ver con un presunto plagio en su tesis universitaria.

El presidente niega vehementemente todos los cargos. "No tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor", escribió en Twitter el 17 de junio. Desde entonces ha guardado silencio.

El ‘bloque de búsqueda” intensifica operativos para encontrar y capturar al exministro de Transportes, Juan Silva Villegas; y personas del entorno del presidente, entre ellos, su sobrino Fray Vásquez Castillo. El martes, el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco Castillo, se entregó a la justicia e hizo comprometedoras revelaciones a la Fiscalía.

La fiscalía, que es autónoma e impulsa la mega investigación del caso Odebrecht que salpicó a otros cuatro presidentes peruanos, considera que hay indicios de que Castillo encabeza "una organización criminal" que involucra a su entorno político y familiar.

Aunque la investidura de Castillo lo protege de cualquier condena en su contra, tras el término de su gestión, de ser hallado culpable, podría ser condenado a 15 a 20 años de cárcel por ser cabecilla de una organización criminal; 8 años por el delito de tráfico de influencias; y de 6 a 15 años por el delito de colusión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

"El ministerio público es independiente. Ha habido tantos testimonios y acusaciones que parecen estar bien fundados. No creo que estos sean fabricados", dijo el analista Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, con sede en Washington DC.

‘Pagaron por ascensos’

Tras poner fin a semanas de fuga, el exasesor y exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, declaró ante la Fiscalía que sí se dieron pagos "ilícitos" en los ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas.

Aseguró que habría recibido "presiones" para que se beneficiaran de manera ilícita al menos diez oficiales de la Policía Nacional de Perú (PNP), para que ascendieran a sus puestos a cambio de dinero.

Los oficiales habrían pagado 19.800 euros (20.000 dólares) a cambio de conseguir tal beneficio y que los mismos pasaron a través de los escoltas del presidente de Perú, Pedro Castillo.

Según afirmó Pacheco, la lista de los diez generales fue tramitada por los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, al tiempo que denunció que el mandatario peruano fue quien coordinó su fuga a través de su secretario general, Beder Camacho, quien a día de hoy ocupa el cargo de secretario general del Despacho Presidencial.

El pasado 19 de noviembre, Pacheco presentó su dimisión por el escándalo desatado por las presuntas presiones para ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. En este momento mostró su "respeto incondicional" por el presidente peruano, Pedro Castillo.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió entonces una investigación motivada por "la información pública sobre presuntas gestiones irregulares de Pacheco ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria a favor de empresas privadas", tal y como explicó la entidad en diciembre de 2021.

Después de haber estado prófugo durante tres meses, la Justicia de Perú considera que Pacheco es un testigo clave a la hora de investigar un caso de presunta corrupción que implicaría al jefe de Estado. Pacheco se puso a disposición del equipo fiscal anticorrupción que investiga una presunta mafia en el seno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú que, como reseñamos, cobró soborno para entregar millonarios contratos como el puente Tarata III.

Tanto la entrega como las denuncias de Pacheco son un nuevo golpe a la imagen y credibilidad del presidente Pedro Castillo quien está ahí (en el poder) pero ni él mismo sabe hasta cuando se quedará./Redacción internacional