TODO parece indicar que en esta década nicaragüenses, cubanos y salvadoreños no conocerán a mandatario diferente al que tienen porque bien hay un régimen instaurado (sin viso alguno de cambio) o se va camino a ello.

Los modelos políticos son diferentes pero el fin es el mismo: permanecer en el poder. Y aunque Cuba es un declarado Estado socialista desde hace más de medio siglo, a diferencia de Nicaragua donde bajo una democracia disfrazada Daniel Ortega ha profundizado el “socialismo del siglo XXI” y El Salvador, donde el joven mandatario Nayib Bukele acaba de recibir luz verde a su posible reelección gracias al cambio de magistrados que hizo en la Corte Suprema.

Decisiones autoritarias, cooptación de poderes y un estrecho cerco a quienes se atrevan a cuestionar o disentir, ha sido en los últimos meses la constante en esos países, lo que ha generado rechazo internacional y, en algunos casos a sanciones -especialmente de Estados Unidos- contra funcionarios de esos gobiernos.

Nicaragua    

El tándem en el poder, Daniel Ortega y su esposa, quien también ejerce como vicepresidente, Rosario Murillo, promovieron desde finales del año anterior una serie de leyes para tipificar delitos como “incitación a la violencia”, “traición a la patria”, “menoscabo de la soberanía” y “colaboración con agentes extranjeros” para acallar cualquier voz opositora.

 La ofensiva judicial contra los opositores la inició en junio con la detención en la cárcel o domiciliaria de más de 36 dirigentes políticos, siete de ellos candidatos presidenciales y de ellos cuatro ahora en juicios secretos acusándolos por supuestos delitos de conspiración, lavado de dinero, portación ilegal de armas, entre otros. 

A la fecha están enjuiciados Félix Madariaga, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro y Juan Sebastián Chamorro, los dos últimos señalados de lavado de activos y bienes a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Con la reelección en mente ese fue el camino que encontró Daniel Ortega, en el poder desde 2007, para asegurarse un cuarto mandato el próximo noviembre.

Pero la arremetida del régimen Ortega ha ido más allá de los dirigentes políticos que podían amenazar su nueva victoria. Así, líderes sociales, empresarios, estudiantes, exguerrilleros y excompañeros de su lucha revolucionaria y ahora hasta el laureado escritor Sergio Ramírez han sido objeto de medidas judiciales infundadas. Su único ‘pecado’ es ser críticos del régimen.

Además de los tres aspirantes presidenciales también irán a juicio siete opositores detenidos entre ellos el líder empresarial José Aguerri, los exguerrilleros Hugo Torres Jiménez, Dora Téllez, Víctor Tinoco, además de las dirigentes Suyen Barahona y Violeta Granera.

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La fiscalía agregó a la lista de acusados al politólogo Manuel Orozco Ramírez, un experto en temas de migración y desarrollo con años de residir en Estados Unidos, a quien le acusa de estar vinculado al financiamiento de campañas desestabilizadoras contra el gobierno a través de una red de organizaciones políticas y medios de comunicación.

La detención de opositores provocó el aumento de sanciones y críticas de la comunidad internacional a Ortega, quien no sólo se niega a liberar a sus rivales, alegando que son "criminales" y que se confabularon para un golpe de Estado, con apoyo de Estados Unidos, sino que no permite visitar.

Es por ello que esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) exigió a Nicaragua una respuesta antes del 24 de septiembre sobre su petición de visita de una delegación para conocer las condiciones de detención de opositores presos en el país.

El Salvador

Otra situación que preocupa a la comunidad internacional es la de El Salvador, donde Nayib Bukele, quien no ha llegado a la mitad de su mandato estaría buscando otros cinco o seis años más tras recibir la luz verde de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema e impulsar una reforma constitucional que afianzará su poder.

Si bien Bukele capitalizó en 2019 el descontento ciudadano contra los partidos tradicionales y goza de una alta popularidad (84.7%) desde que asumió la presidencia ha tomado decisiones ‘autoritarias’ según sus opositores y manejado el entramado político para hacer cambios en todos los poderes del Estado.

La Constitución establecía en el artículo 152 “que el presidente puede ser candidato, siempre y cuando no haya sido presidente en el período inmediato anterior”.  Sin embargo, ello fue reinterpretado por la Sala de lo Constitucional, cuyos magistrados fueron cambiados el pasado mayo, luego de que la recién asumida Asamblea Legislativa, controlada por los aliados de Bukele, destituyera a los cinco magistrados que la conformaban. 

El fallo de la corte, dirigido al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anticipó lo acatará es un “cambio de articulito” con el cual se permite que "una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión".

Esa nueva interpretación encendió de inmediato las alarmas. La encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, la decisión de la Corte, "es claramente contraria a la constitución salvadoreña que establece que la reelección inmediata no está permitida".

Por su parte el director de la División de las Américas de Human Rights Watch sostuvo que “La democracia en El Salvador está al borde del abismo" por seguir "el mismo libreto (de interpretar la Constitución) que usaron Daniel Ortega (en Nicaragua) y Juan Orlando Hernández (en Honduras)".

Por ahora el llamado presidente millennials guarda silencio y a diferencia de Ortega no ha enfilado baterías contra una oposición debilitada y desorganizada. Pero los pasos que ha dado despiertan suspicacias y temores sobre el rumbo que tomará su modelo político.

Cuba

Ayer hace dos meses, cientos de cubanos tuvieron la valentía y la osadía de tomarse las calles para unas inéditas protestas por la grave crisis económica, social y sanitaria que enfrentan. A gritos de “Patria y Vida”, ", "Tenemos hambre" y "Libertad" plantaron cara al régimen cubano.

El mundo registró con sorpresa como el inconformismo que tímidamente comenzó a registrarse en San Antonio de los Baños, a 30 kilómetros de La Habana, se expandió rápidamente hacia la capital y otras ciudades de la isla. Como era de esperarse, la represión fue inmediata con cientos de personas arrestadas, muchas de las cuales aún se desconoce su suerte.

 Ese 11 de julio, Mayda Yudith Sotolongo tuvo la "peor pesadilla" de su vida: llegó a una estación de policía de La Habana para indagar por su hijo detenido en las masivas manifestaciones antigubernamentales y terminó tras las rejas por decirle a un policía que, si para saber de su ‘muchacho’ tenía que estar presa, pues que la apresaran. Y dicho y hecho.

El reclamo de esta mujer se multiplica en cientos de familias a casi dos meses de las históricas revueltas en Cuba, muchas de las cuales no han podido siquiera ver a sus seres queridos.

El gobierno comunista insiste en que las protestas forman parte de una estrategia de cambio de régimen, apoyada por medios digitales anticubanos, financiados por Washington. Y desde entonces, guarda bajo siete llaves la cifra de detenidos durante el estallido.

Según el gobierno, 62 cubanos habían sido juzgados hasta el 5 de agosto por delitos como desorden público, resistencia o instigación a delinquir, en procesos "abreviados", es decir juicios expeditos en los que se avanza de la investigación policial directo a la audiencia oral.

De ese total, 45 apelaron su sentencia y uno quedó absuelto. Los delitos más graves continúan bajo investigación.

Pero las cifras de las ONG son muy distintas, como las de Cubalex que asegura que los detenidos fueron 949 detenidos, de los cuales 437 continúan presos.

Desde las protestas, hay un "reforzamiento de la política de represión de @DiazCanel para recuperar el control y restablecer la cultura del miedo que se tambaleó el #11J", dijo en Twitter la directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara-Rosas.

Para el opositor moderado Manuel Cuesta Morua, el gobierno busca "sembrar el pánico como profilaxis para impedir manifestaciones futuras. Pánico judicial y pánico civil".