CONTRA viento y marea, así como consciente que su gobierno será tan complejo -por sus múltiples compromisos con los independentistas y el mayoritario rechazo ciudadano a amnistiarlos- que nadie se atreve a apostar cuánto durará, el socialista Pedro Sánchez inició su nuevo mandato.

Después de ser reelegido en el Congreso de los Diputados con el 51% de los votos, muchos de los cuales aseguró con los impensables pactos que hizo con Esguerra Republicana Catalunya y Junts, liderada por el prófugo Carles Puigdemont, Sánchez prometió ante el rey Felipe VI “cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno", al igual que "guardar y hacer guardar la Constitución", irónicamente la que ‘atropellará’ con la anunciada Ley de Amnistía, de inédito alcance e implicaciones.

El panorama no pinta bien para el gobierno socialista español. De un lado, la mencionada Ley que será radicada el lunes es vista con recelo no sólo a nivel interno sino europeo y así, la Eurocámara debatirá el miércoles si la misma supone un riesgo para el Estado de Derecho. De otro, liderados por la oposición de derecha, miles de ciudadanos siguen movilizados, diariamente, para expresar su inconformidad con el canje que hizo Sánchez para lograr cuatro años más al frente del poder.

Desde hace 15 días, frente a la sede del Psoe en Ferraz, así como en otras ciudades, miles de ciudadanos se concentran para exigir a Sánchez rectificar el rumbo. Y, precisamente ayer, las céntricas calles madrileñas se vieron desbordadas por la protesta encabezada por el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo y del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, denunciando que la investidura de Sánchez fue un ‘acto de alta traición’ y encendiendo las alarmas por los riegos que se ciernen sobre la democracia.

En la antesala de la misma, el país conoció el manifiesto de los militares retirados (de diversas fuerzas) en el que reclaman a las Fuerzas Armadas la destitución del presidente, Pedro Sánchez, y la convocatoria de nuevas elecciones ante la, a su juicio, "ausencia de justicia, igualdad y democracia" en España.

Los firmantes justifican su petición con el artículo 8.1 de la Constitución que, en relación a las Fuerzas Armadas, tiene la misión de "defender el ordenamiento constitucional", que ven en "grave peligro por la falta de independencia judicial".

Los militares retirados, que se declaran "preocupados por el devenir de España", denuncian el "acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales", lo que "anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes".

Del mismo modo critican los indultos "para los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017", la supresión de la sedición y la reforma de la malversación "solamente por intereses político". Pasan después a la amnistía pactada por el Gobierno con los partidos independentistas, que beneficiará a los implicados en el 'procés' desde 2012, y aseguran que no tiene cabida en la Constitución.

Insisten en que eliminaría la igualdad ante la ley y borraría los delitos de octubre de 2017 "por el solo interés personal" de Sánchez para ser investido presidente del Gobierno. Esto, ven, "deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe".

Alerta de Moody’s

El hecho político que sacude España va mucho más allá, ya que las calificadoras de riesgo advirtieron sobre el efecto negativo que los pactos firmados por Sánchez tendrán en el rating del país.

La agencia Moody's sostuvo que las implementaciones de esos acuerdos políticos resultan negativos para el perfil crediticio de España "debido al mayor riesgo político", aunque son positivos para las comunidades autónomas, sobre todo Cataluña, principalmente gracias a la cancelación parcial de la deuda.

Moody's subraya que las implicaciones crediticias finales dependerán de cómo se implementen los acuerdos y de la capacidad para llevar a cabo su agenda política más amplia por parte de la coalición de Gobierno, que la agencia espera que sea estable, a pesar de que la estrechez de su mayoría la expone a un cambio en el sentimiento político si alguno de los partidos retira su apoyo, aunque confía en que "todos los partidos de la coalición apoyen el próximo presupuesto de España para 2024".

"Para el (emisor) soberano, los acuerdos plantean riesgo político", apuntan los analistas de Moody's, señalando las tensiones registradas y la profundización de la fragmentación política dentro de la sociedad española.

Asimismo, si bien consideran que la cancelación de la deuda no tendría ningún efecto sobre los indicadores de deuda soberana, apuntan que plantearía "problemas de riesgo moral", lo que podría desincentivar la formulación de políticas fiscales prudentes a nivel regional, presionando las finanzas del emisor soberano.

A este respecto, la agencia plantea que un nuevo marco fiscal que otorgue a Cataluña y otras regiones más autonomía en materia de ingresos y gastos podría mitigar este riesgo, dependiendo de su diseño.

En cuanto al efecto sobre los gobiernos regionales y locales, Moody's espera que los acuerdos beneficien la calidad crediticia de la Generalitat de Catalunya y potencialmente de otras regiones españolas al aliviar su carga de deuda y disminuir sus gastos por intereses.

En este sentido, señala que el nuevo marco permitiría a Cataluña recaudar el 100% de los impuestos pagados dentro de su territorio, aumentando su autonomía financiera, mientras que se contempla condonar 15.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat catalana, que fue contraída a través del mecanismo de liquidez del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), alrededor del 20% de la deuda de la Generalitat concedida por el Gobierno central a través del instrumento.

La cancelación parcial de la deuda podría extenderse a otras regiones, con el objetivo de compensarlas por el exceso de deuda relacionado con el ciclo económico negativo, mientras que en el caso de regiones con deuda limitada o nula contraída con el Gobierno central, incluidos el País Vasco, Navarra y Madrid, los fondos ayudarían a reducir sus niveles generales de deuda.

"Según nuestros cálculos y considerando un enfoque similar para otras regiones, una condonación del 20% de la deuda regional contraída a través de los mecanismos de liquidez del Gobierno central, combinada con transferencias adicionales a las regiones que no han utilizado estos mecanismos, totalizaría alrededor de 45.000 millones de euros, o aproximadamente 3,3% del PIB nacional", estima la agencia.

Como resultado de dicha condonación, Moody's calcula que la carga de la deuda de las regiones calificadas bajaría del 180% de los ingresos operativos en 2022 a un promedio del 154% y estima que lograrían ahorros de intereses anuales de aproximadamente 407 millones de euros en promedio, reduciendo sus gastos operativos y mejorando su desempeño operativo en el futuro.

"La Generalitat de Catalunya sería la más beneficiada porque es la región más endeudada de España", sostiene Moody's, apuntando que las medidas propuestas reducirían su carga de deuda a aproximadamente el 203% de los ingresos operativos desde el 245% a finales de 2022, lo que seguiría siendo alto en comparación con otros gobiernos regionales y locales europeos.

Así las cosas y aunque los socialistas se empeñen un ‘basta ya a jugar a un golpe de Estado’, la alta tensión política aunada al creciente rechazo ciudadano por las implicaciones del canje que hizo Pedro Sánchez para seguir en el poder, son de alto riesgo para la durabilidad de ese segundo mandato. Los españoles están hoy más ‘indignados’ y divididos que nunca.