¿Se gesta Polexit tras fallo contra supremacía de derechos de la UE? | El Nuevo Siglo
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Jueves, 7 de Octubre de 2021
Redacción internacional con AFP y Europa Press

Con “gran preocupación” recibió la Comisión Europea el fallo del Tribunal Constitucional de Polonia que considera incompatibles con la Constitución las leyes comunitarias, una decisión histórica que podría amenazar el financiamiento de la UE al país, e incluso la adhesión de dicho país a la Unión, lo que podría dar paso a un ‘Polexit’.

"Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición para garantizar que los principios fundadores de la UE se respeten", sostuvo el comisario de Justicia, Didier Reynders desde Luxemburgo, donde participó en una reunión de ministros de Justicia de la UE.

El comisario recordó con insistencia la "primacía" del Derecho comunitario sobre el derecho nacional de los Estados miembros, al tiempo que ha reconocido que "vivimos un periodo difícil para el Estado de derecho".

"La sentencia de hoy en Polonia no puede quedar sin consecuencias", sostuvo por su parte, el presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, en una primera reacción difundida en las redes sociales al poco de conocerse la decisión del Constitucional polaco.



Sassoli ha advertido también de que la primacía del Derecho europeo "debe ser indiscutible" y no cumplirlo supone "desafiar" uno de los principios fundamentales de la UE, por lo que la Eurocámara "llama a la Comisión a tomar las medidas necesarias".

Preguntado por los detalles de la respuesta que prepara el Ejecutivo comunitario, el comisario Reynders indicó que primero van a estudiar en detalle el contenido de la sentencia para evaluar las acciones posibles, pero que Bruselas tiene "una serie de instrumentos para hacer respetar la primacía del Derecho de la UE".

Así, el responsable comunitario de Justicia recalcó que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "deben imponerse" sobre los dictámenes nacionales y que son "vinculantes" para todas las autoridades de los Estados miembro, incluidos sus tribunales.

"La Comisión no va a dudar en hacer uso de sus poderes bajo los Tratados para salvaguardar la aplicación uniforme e integridad del Derecho de la Unión", precisó la institución en un comunicado.

La Unión Europea es una "comunidad de valores y de leyes que deben respetarse en todos los Estados miembro", continúa el comunicado que, concluye, "deben protegerse los derechos de los europeos, sin importar dónde vivan en la Unión Europea".

El Constitucional polaco se pronunció ayer, tras aplazar hasta en tres ocasiones el fallo, respecto a una petición del primer ministro, Mateusz Morawiecki, después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) dictaminase que las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno podían suponer una violación de las leyes comunitarias.

El diferendo gira en particular en torno a un nuevo sistema disciplinario para los jueces que, según la UE, amenaza gravemente la independencia del poder judicial en Polonia. 

El máximo tribunal polaco, presidido por Julia Przylebska, se pronunció contra la supremacía del derecho comunitario en todos los casos, señalando que algunos artículos de los Tratados europeos son incompatibles con la Constitución nacional y afectan a la soberanía del país.

"Órganos europeos actúan más allá de sus competencias", declaró la magistrada, antes de enumerar una serie de artículos de los Tratados que, según los jueces, están en contradicción con la ley suprema polaca.

Przylebska denunció también "la injerencia de la Corte de justicia de la UE en el sistema jurídico polaco".

El portavoz del gobierno, Piotr Muller, saludó la decisión, subrayando que confirma "la primacía del derecho constitucional sobre las otras fuentes de derecho". 

Agregó que la decisión "no afecta los dominios en los cuales la UE tiene competencias delegadas en los tratados", como reglas de competencia, comercio y protección de consumidores.

El mes pasado, el comisario europeo encargado de Economía, Paolo Gentiloni, advirtió que el caso judicial polaco podría tener "consecuencias" sobre los suministros de fondos para la recuperación económica de Polonia, lo que fue calificado de "chantaje" por el gobierno polaco.