El Presidente del país protagoniza una nueva pugna con el legislativo por poderes para combatir el Covid-19

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha adentrado en las últimas semanas en una nueva pugna con el Congreso a cuenta de los poderes del Gobierno para combatir el coronavirus, resucitando con ello el conflicto entre ambas instituciones que arrastra prácticamente desde el inicio de su mandato.

Bukele llegó al poder catapultado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) con una Asamblea Legislativa dominada por la oposición donde la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) suman 60 de los 84 escaños, mientras que GANA cuenta solo diez.

Desde el arranque de su Presidencia, el 1 de junio de 2019, las fricciones con la oposición han sido constantes porque se ha presentado como un 'outsider' llegado para cambiar los usos y costumbres de los partidos tradicionales, a los que reprocha la corrupción, la pobreza y la violencia.

El primer gran choque de trenes se produjo el pasado 9 de febrero cuando Bukele irrumpió en el Parlamento custodiado por militares y policías fuertemente armados para persuadir a los diputados de que dieran luz verde a un crédito para financiar su plan contra las pandillas.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó a Bukele que se abstuviera de "hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y de poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y, de manera particular, la separación de poderes".

Con ello, el trámite parlamentario sobre el préstamo de 109 millones de dólares preconcedido a El Salvador por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para "modernizar" las Fuerzas Armadas y la Policía, así como la bronca política generada en torno al mismo, quedaron en suspenso.

La irrupción del Covid-19 ha proporcionado inusitadamente el escenario para retomar la lucha institucional. El Salvador es uno de los países menos afectados en el mundo y la región, con unos 200 casos confirmados y menos de una decena de muertos.

Pese a ello, Bukele adoptó rápidamente medidas similares a las impuestas en países como China, Italia o España, entre los más castigados por la pandemia. Así, el 11 de marzo, cuando aún no había ningún caso confirmado en El Salvador, declaró una cuarentena nacional y cerró las fronteras a los extranjeros.

Apenas unos días después, la Asamblea aprobaba, a petición de Bukele, la declaración de la "emergencia nacional" durante al menos un mes para frenar el avance del virus en la nación centroamericana.

Desde entonces, el Ejecutivo ha ido endureciendo las medidas preventivas, lo que ha provocado que el Legislativo se negara hace justo una semana a aprobar una prórroga de la "emergencia nacional" acusando a Bukele de "abuso de poder".

En respuesta, el mandatario salvadoreño firmó el Decreto Ejecutivo 19, que ha sido bautizado por la prensa local como un "régimen de excepción" porque supone restringir tres derechos constitucionales: la asamblea pacífica, la libertad de movimiento y a no ser desplazado del domicilio.

La orden presidencial convierte todo el país en "zona epidémica sujeta a control sanitario", lo cual hace obligatorio el confinamiento en los hogares, establece "responsabilidades civiles y penales" para los infractores y autoriza inspecciones del Ministerio de Salud en "casas o locales, predios públicos o privados".