Más de 1.400 personas se han desplazado en zona rural del municipio de Cáceres, en Antioquia.

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Una nueva alerta por la crisis humanitaria que se está generando en el Bajo Cauca Antioqueño a causa de los masivos desplazamientos de miembros de las comunidades indígenas y campesinos, fue lanzada, esta vez por el Consejo Noruego para Refugiados.

El llamado de atención de este organismo se suma al hecho el pasado domingo por la ONU, que había cifrado en 820 las personas que habían tenido que salir de los municipios de Cáceres y Caucasia.

Ahora, el Consejo Noruego para los Refugiados ha dicho que con 1,484 las personas que han tenido que abandonar sus viviendas en zona rural del municipio de Cáceres.

“Los enfrentamientos entre grupos armados continúan generado temor en poblaciones indígenas y campesinas. En los últimos días hemos estado brindando asistencia las poblaciones afectadas por los desplazamientos en Cáceres, hemos hablado con las víctimas, trabajadores humanitarios y autoridades locales. Nuestra conclusión es que hay mucho más por hacer para asegurar la asistencia humanitaria y la protección en estas regiones del país que siguen siendo afectadas por la violencia”, dijo Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados en el país.

Al igual que la ONU, el organismo aseguró que en estas poblaciones es necesario fortalecer la respuesta humanitaria, acompañar y ayudar a las autoridades locales que piden apoyo para asistir a la población y asegurar la salud emocional, el acceso a la educación en emergencias y la protección de los niños, niñas y jóvenes que se han desplazado masivamente.

“Debería ser posible desescalar y finalizar definitivamente el conflicto. Las víctimas en Colombia no tienen más tiempo para esperar que esto suceda. Yo espero que este Gobierno y el siguiente encuentren ese momento tan esperado en el país”, señaló Visnes.

Explicó que la determinación del actual Gobierno para reconocer a las víctimas es un ejemplo de solidaridad con los desplazados a nivel mundial. “Pero al mismo tiempo, el Consejo Noruego para Refugiados está presenciando en las zonas más afectadas por el conflicto el fracaso colectivo para proteger a la población civil que una y otra vez en las zonas rurales se ven afectados por la violencia. Hoy, por ejemplo, más de 214 personas en casco urbano de Cáceres necesitan una respuesta urgente y efectiva en alberge”.

Indicó que “desafortunadamente, las comunidades rurales en Colombia siguen siendo afectadas desproporcionalmente por el conflicto armado. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) siete de cada diez personas desplazadas en 2017 pertenecían a estas comunidades”.

“Hacemos un llamado a las partes en el conflicto para respetar los derechos de las comunidades que quedan en medio del fuego cruzado. La protección debe prevalecer en las comunidades afectadas por los ataques y asesinatos contra sus líderes sociales. Es urgente responder a tiempo y de manera efectiva a esta grave situación para asegurar la protección colectiva de niños, niñas, jóvenes y adultos”, señaló.

El 2018 inició con cifras alarmantes de desplazamiento. Casi 3,000 colombianos han sido obligados a desplazarse masivamente de sus hogares en los primeros 45 días año. La crisis prolongada ha desplazado a cerca de 7,3 millones de colombianos.

Por su parte, la ONU había dicho que “la situación de riesgo de las comunidades del Bajo Cauca antioqueño ha sido advertida por la Defensoría del Pueblo en alerta temprana de inminencia 009 del 22 de enero de 2018”.

De acuerdo con las autoridades municipales, los enfrentamientos que están generando los desplazamientos se dan entre dos grupos del ‘Clan del Golfo’ por las rutas para transportar los alcaloides.

“En el Bajo Cauca estamos observando violaciones de derechos humanos tales como amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio”, había advertido la ONU.

También distintos organismos, entre ellos el Codhes, han llamado la atención sobre el desplazamiento que “continúa a pesar de la firma del acuerdo de paz”.