Jairo Alonso Mesa expuso esta situación durante la Conferencia Anual sobre Tierras y Pobreza en Washington.

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Una lacónica radiografía sobre la situación de los indígenas colombianos, en términos de reconocimiento de la propiedad, hizo el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, durante la 19 Conferencia Anual sobre Tierras y Pobreza, celebrada por el Banco Mundial en Washington.

Durante el evento, en el cual se han presentado las últimas investigaciones y prácticas sobre la diversidad de reformas, intervenciones e innovaciones en el sector de la tierra en todo el mundo, el funcionario hizo especial énfasis en las 36 millones 255 mil 424 hectáreas correspondientes a territorios indígenas en Colombia (31,80 % del territorio nacional). En la actualidad, aseguró, a cada indígena colombiano le corresponden 26 hectáreas.

De acuerdo con el Superintendente de Notariado y Registro, el país tiene una población indígena de 1 millón 378 mil 884 personas (Censo de 2005); de ellas, 933 mil 800 están asentadas en los 872 resguardos existentes, según las cifras manejadas por el Ministerio del Interior. No obstante, de estos, sólo 605 están inscritos en el Registro Público de la Propiedad Inmueble; la mayoría, en Putumayo, Cauca y Antioquia. 

“Esto significa que hay alrededor de 445 mil 084 personas, el 27% de la población indígena nacional, que no poseen territorio colectivo reconocido”, manifestó Mesa Guerra.

Garantes

El Estado, expresó el directivo, es garante del derecho a la propiedad, lo cual implica la identificación de la totalidad de los asentamientos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas, la determinación de las modalidades de tenencia sobre la tierra en la que viven (propiedad, posesión u ocupación) y el debido registro público de la propiedad.

“Es ahí donde radica la importancia del trabajo adelantado por la Superintendencia, encargada de inscribir en los folios de matrícula inmobiliaria la medida de protección de estos predios (a través de los registradores de instrumentos públicos), y así garantizar que no se hagan transferencias de dominio sobre terrenos protegidos colectivamente (función de los notarios)”, agregó.

Finalmente, Mesa Guerra dijo que la delimitación jurídica del territorio redunda en el avance de proyectos en el marco de la administración de los recursos, la definición de los planes y los programas de desarrollo económico y social, la promoción de la inversión pública y la generación de desarrollo sobre la base del respeto por los principios de derecho propio.

Proyecto

Precisamente solo hasta ahora el Gobierno presentó el proyecto de Ley de Tierras que busca dar claridad sobre la propiedad rural en Colombia y que está enmarcado dentro de los acuerdos de paz suscritos por la administración del presidente Juan Manuel Santos con las Farc.

Esta iniciativa ha causado controversia. Desde varios sectores de la economía, especialmente los que tiene que ver con la agroindustria, se ha criticado el proyecto por considerar en algunos casos que no es justo con quienes son propietarios de grandes extensiones de tierra.

Para dar claridad al asunto, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura ya adelantó las consultas con las comunidades indígenas, afrocolombianas y ROM con el fin de explicar los alcances del proyecto.

Uno de los pasos que ya fue dado por el Gobierno a través del Congreso fue la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria con la que se busca la modernización y mayor productividad del campo colombiano.

El Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, realizan la socialización del proyectó ante las comunidades agrícolas del país con el fin de despejar las dudas que la iniciativa haya originado dentro de las comunidades y empresarios.

Colombia ha vivido diversas reformas a los regímenes de tierras durante los últimos 100 años, pasando de una estructura que iba del latifundio al minifundio desde el siglo XIX, a una de carácter multimodal (que mira los tamaños de la propiedad y el sujeto al que se le adjudica) pero que ha mantenido casi los mismos problemas históricos sobre tenencia de la tierra.

En ese trasegar histórico, la necesidad de claridad sobre la estructura y tenencia de la tierra en Colombia ha sido un imperativo por el que muchos gobiernos han intentado encontrar la fórmula más efectiva, no sólo frente a la seguridad jurídica de quienes ostentan la categoría de propietarios privados (grandes o pequeños) sino de aquellos quienes aún luchan por el acceso a la tierra.