Según la Contraloría General de la República, las irregularidades del  Programa de Alimentación Escolar suman $2.950 millones

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Cinco Procesos de Responsabilidad Fiscal por 2.950 millones de pesos de recursos ejecutados por la Gobernación del Magdalena, relacionados con el Programa de Alimentación Escolar – PAE-, abrió la Contraloría General de la República. 

La actual gobernadora del departamento, Rosa Cotes Vives, deberá responder por un posible daño patrimonial que suma más de $1.744 millones.

Las situaciones detectadas por el ente de control tienen que ver con lo reportado en las planillas de servicio comparadas contra los pagos efectuados por el ente territorial, así como  variaciones no justificadas en los precios pactados para cada una de las raciones, que representaron igualmente sobrecostos entre las etapas de celebración, ejecución y pago de los contratos para la atención del PAE.

Se trata de procesos iniciados por los sobrecostos relacionados con valores pagados por los almuerzos contratados, así como diferencias entre lo pagado por la Gobernación y lo efectivamente consignado en los estudios de mercado presentados en la etapa precontractual.

“Hecho el análisis correspondiente sobre la estructura de precios que componen el valor unitario de la ración alimentaria, se observó que la Gobernación de Magdalena contrató y pagó almuerzos por encima de lo determinado en los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar para la vigencia 2017, con base en una modalidad de almuerzo denominada "almuerzo jornada única", no contemplada en los lineamientos técnicos, ni justificada en los estudios de mercado, ni estudios previos”, indica el ente de control en un comunicado. 

Así mismo, la Contraloría investiga el convenio 001 de 2014 suscrito por la administración de Carlos Caicedo en la alcaldía de Santa Marta para la atención del Programa, en el que se evidenció “el pago de un precio mayor en la ración de complemento de almuerzo y desayuno, en comparación con el valor pagado por otras entidades por el mismo servicio, para el mismo ente territorial y para el mismo periodo”. Proceso que la Contraloría por un valor superior a los $1.206 millones.