Un total de 65 inmuebles, ubicados en Bogotá y 15 departamentos, que hacían parte del inventario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), serán habilitados  para a acoger a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar durante el aislamiento preventivo obligatorio.

Las propiedades serán entregadas temporalmente a alcaldes y gobernadores para que pongan en funcionamiento los refugios.

La decisión la tomó el Gobierno al conocer que durante el período de aislamiento, derivado de la emergencia sanitaria del Covid-19, se han registrado 1.221 reportes de violencia intrafamiliar, de acuerdo con cifras del Observatorio Colombiano de las Mujeres, liderado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

La determinación fue anuncia ayer durante una rueda de prensa virtual liderada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, para dar a conocer avances frente a prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

Según la información oficial, hasta la fecha la SAE ha entregado cinco casas y tiene siete más en proceso de apertura.

Los inmuebles de los que dispone la SAE, son propiedades en extinción de dominio por delitos como narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Estamos contactando a gobernadores y alcaldes para poner a su disposición estos inmuebles, ya que hoy cobra más fuerza nuestra misión de reconocer, apoyar y brindar protección a las mujeres de nuestras regiones en medio de una coyuntura tan crítica, que supone enormes retos de salud pública y de carácter social y económico. No bajaremos la guardia, ni un segundo, ante los atropellos que se siguen cometiendo en contra de colombianas y migrantes, no las dejaremos solas en un momento tan desafiante”, dijo la vicepresidente Ramírez.

Dentro del inventario de predios, se encuentran casas de gran tamaño, bodegas, edificios, hoteles y lotes. Estos inmuebles, que superan los 150 metros, se entregan sin ningún cobro de arrendamiento. Cada departamento asume únicamente el pago de los servicios públicos, así como la garantía de conservarlo en buen estado, mientras dure la emergencia.

También, la SAE pondrá a disposición de los mandatarios regionales, vehículos para atender necesidades en salud pública. “Tenemos 108 vehículos como carros, camionetas, buses, microbuses y camiones que están distribuidos en diferentes centros de acopio en Colombia, los cuales están a disposición de las entidades territoriales que los requieran”, explicó Virginia Torres, presidenta de la entidad.

Con el fin de garantizar que los activos entregados cumplan con el propósito de destinación para la protección de mujeres en condición de vulnerabilidad y el apoyo a la contingencia de la Covid-19, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República hará seguimiento y control detallado a cada bien entregado a gobernaciones o alcaldías.

La línea 155 es la línea de atención contra el maltrato dispuesta por la vicepresidencia y en tiempo de confinamiento ha, prácticamente duplicado sus registros. En 2019, por ejemplo, recibió 602 comunicaciones; mientras que en 2020 ha recibido 1221 la mayoría por violencia intrafamiliar (912 casos). La línea también atiende casos de amenaza, violencia psicológica o lesiones personales.

“Al evaluar el comportamiento diario entre 2019 y 2020, en cada uno de los días evaluados se evidenció un incremento en 2020, lo que hace consistente la relación del comportamiento del indicador y la situación anómala del confinamiento preventivo. Asimismo, fue posible establecer en el comportamiento de la variación porcentual de un a año al otro una línea de tendencia creciente lo que anuncia un crecimiento constante, es decir que cada día habría mayor brecha entre 2019 y 2020 en lo que respecta al número de llamadas asociadas a casos de violencia intrafamiliar”, aseguró Ramírez.

La otra pandemia

La ministra Cabello anunció la expedición del decreto 460 de 2020 en el que se instruye a los alcaldes para garantizar la atención de las comisarías de familia en esta etapa de aislamiento obligatorio.

Entre otros puntos, el decreto establece que se deben diseñar e implementar protocolos de recepción de denuncias en casos de violencia en el contexto familiar y maltrato infantil, y de articulación de la ruta interinstitucional de atención integral a las víctimas, a través de medios telefónicos y virtuales.

También explicó la ministra Cabello que se deben establecer criterios de priorización del servicio y de atención personalizada, en los casos excepcionales en que deba hacerse la atención presencial, en los que se incluyan riesgo de feminicidio, violencia y acoso sexual, violencia psicológica y física, de amenazas o hechos de violencia en general contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, incumplimiento de las medidas de protección, y en general las amenazas o vulneración de los derechos como variables de análisis.

Además, articulado con la apertura de los refugios, se debe disponer de espacios adecuados para que las mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores puedan ser acogidos para su protección y cumplir las medidas de aislamiento, en el evento que exista riesgo de agresión o violencia en el hogar.

Adriana Herrera, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia, anotó que desde el Ministerio Público se ha venido trabajando en contra de la violencia de género y la violencia sexual.

Herrera señaló que los procuradores de familia pueden entrar a apoyar de manera virtual o presencial el cierre de las conciliaciones que fueran  fallidas, determinando los casos claros de custodia, de alimentos y de visitas que son uno de los problemas más graves que se presentan al interior de las familias.

La vicefiscal Martha Yaneth Mancera expresó que el primer desafío es poder llegar a todos los colombianos por medio de plataformas.

“Hemos visto que entre el 20 de marzo y el 4 de abril han entrado al centro de contacto 578 llamadas por violencia basada en género, llamadas que hemos estado trabajando directamente con los equipos de investigación. En esas 578 llamadas hemos atendido 55 casos de violencia sexual y 132 de violencia intrafamiliar”.

Lina Arbeláez, directora de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sostuvo que le han llegado 9.800 solicitudes de reporte sobre violencia lo que equivale a 400 denuncias darías sobre posible vulneración de los niños y niñas.