A fuerza de represión, persecución y detenciones arbitrarias por el solo hecho de pedir que se publicaran las actas electorales para conocer la verdad sobre la elección presidencial del pasado 28 de julio, el régimen venezolano hizo mutar la mayoritaria indignación ciudadana en resignación, mientras la oposición desde la clandestinidad insta a mantener la unidad y la presión internacional parece aflojar.

Hoy se cumplen 17 días de la elección presidencial, cuyo resultado real se desconoce ante la negativa del Consejo Nacional Electoral de publicar las actas de escrutinio en cada mesa de votación y su acumulado, a diferencia de la campaña opositora que, con copias de las mismas, demuestra que Edmundo González Urrutia fue el vencedor de la jornada con el 67% de los votos, casi el triple de lo que obtuvo Nicolás Maduro, que fue proclamado como ganador por ese cooptado organismo electoral.

Los tres días de protestas callejeras en todos los estados de Venezuela dejaron 25 muertos y 192 heridos, los que el fiscal Saab achaca a “la extrema derecha y sus comanditos”. La violenta represión de la Policía, Guardia Nacional y colectivos chavistas, llegando incluso a sacar de sus pobres viviendas a cientos de personas que se manifestaron en las calles y cuyas casas aparecieron misteriosamente marcadas con una X, tiene tras las rejas a más de 2 mil personas, la mayoría de ellas habitantes de los sectores más deprimidos de Caracas y otrora bastiones chavistas.

Como en cualquier dictadura, el ‘reelecto’ Nicolás Maduro y su entorno (desde el No.2 del chavismo, Diosdado Cabello hasta su ministro de Defensa, Vladimir Padrino y el fiscal Tarek William Saab) avalaron la ubicación, persecución y encarcelamiento de los adversarios del gobierno, rechazaron el fraude electoral denunciado por la oposición, a cuyos líderes (María Corina Machado y Edmundo González) les investigan por varios presuntos delitos y sindicaron a varios países (entre ellos Estados Unidos y Colombia) de estar tras una ‘conspiración violenta’ contra el gobierno.

La comunidad internacional, salvo los aliados del régimen venezolano (Rusia, China y Cuba, Nicaragua) no ha reconocido el resultado de la presidencial, pidiendo la verificación y publicación de las actas electorales, hoy en poder del también cooptado por el gobierno, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en donde Maduro presentó un recurso de amparo a su reelección.

Palabras de condena, advertencias y llamados a solucionar la crisis política electoral es lo que se ha escuchado de decenas de naciones que hoy, por prudencia o diplomacia, esperan el pronunciamiento del TSJ que por descontado se sabe avalará el resultado oficializado por el CNE y por ello, de seguro, también omitirá publicar las mencionadas actas.

Desde antes de la cita en las urnas (28 de julio), Estados Unidos hizo saber que confiaba en que tres de sus aliados claves y estratégicos en la región, como son los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia y México, tendrían un rol clave en la poselectoral venezolana. Así, Luis Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y el saliente Andrés Manuel López Obrador, lideran una ofensiva diplomática para solucionar esta crisis, planteando inclusive una negociación directa entre la oposición y Maduro, aunque este último ya la descartó.

El presidente demócrata estadounidense, Joe Biden, quien días atrás advirtió que “se acaba la paciencia con Venezuela” no ha restablecido plenamente las sanciones económicas al régimen madurista por el impacto que ello pueda tener en la campaña presidencial de su país ya que, como se sabe, fue él quien hizo varias concesiones a Maduro para que se celebraran unas elecciones ‘libres’ y ‘transparentes’ (lo que no se cumplió), entre ellas la flexibilización en la venta de gas y petróleo así como la liberación de Alex Saab, procesado por narcotráfico.

“Mano de hierro”

Así, mientras la presión internacional parece relajarse, el régimen venezolano endurece la ‘caza’ a sus opositores, llevando a que los vencedores en la jornada del 28 de julio, el candidato González y su mentora, María Corina Machado permanezcan escondidos.

Tras su constante diatriba contra esas cabezas visibles del antichavismo por “incitar a un golpe de Estado” así como una “guerra civil” y su promesa de ‘restablecer el orden’ en Venezuela, Maduro exigió este lunes a los poderes del Estado actuar con "mano de hierro" ante los supuestos crímenes de odio que aseguraron surgieron en las protestas contra su (cuestionada) reelección.

"Exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio, mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales", indicó Maduro.

"¿Dónde están los autores intelectuales de esta violencia? ¿Dónde están los financistas de esta violencia? ¿Dónde están los que planificaron? (...) ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme?  ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la alcaldesa fascista, la señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar?”, cuestionó.

En tanto, la misión internacional independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expidió un comunicado en el que insta al régimen de Maduro a cesar de inmediato la represión, así como a investigar a los responsables de los fallecidos en las manifestaciones y liberar a cientos de personas cuyo único delito fue alzar su voz de protesta.

"Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Entre los detenidos hay dirigentes, simpatizantes de partidos políticos, periodistas, así como defensores de derechos humanos, consideradas o percibidas como opositoras por las autoridades, de acuerdo con el informe.

Muchas de las detenciones -agrega- ocurrieron después de que las personas participaron en protestas o expresaron sus opiniones en redes sociales.

El informe subraya informes sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas y que no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales.

Por su parte el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) declaró que sigue activamente los acontecimientos en Venezuela y que está evaluando “numerosos informes de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela".

Control a redes sociales

En su radicalización, Maduro que insiste en ser blanco de un "golpe de Estado ciberfascista" instó al tiempo que el Parlamento, controlado por el chavismo, a regular las redes sociales.

De esta forma presentarán una reforma a la ley contra el odio, utilizada con frecuencia para imputar opositores, dijo el jefe legislativo, Jorge Rodríguez.

La iniciativa forma parte de un paquete de leyes que impulsa el jefe parlamentario, que incluye además la aprobación de una ley para regulares oenegés y otra para castigar el "fascismo", término con el que el gobierno también suele referirse a sus detractores.

"Venezuela necesita reglamentar el funcionamiento de las redes sociales", expresó Rodríguez.

"Vamos a dedicarnos a la tarea en este período de sesiones" de "aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población del odio, de las expresiones de odio social, del terrorismo y de la difusión de ideas". fascistas y de ideas de odio en las redes sociales", dijo el funcionario durante un acto, dirigiéndose al presidente Nicolás Maduro.

La unicameral Asamblea Nacional tiene ya aprobadas en primera discusión una ley que regula el financiamiento de las oenegés, blanco frecuente de ataques desde el poder, y otra contra el fascismo, que propone la ilegalización de partidos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones. o medios que financien actividades o difundan información que "incite al fascismo".

Maduro ya suspendió por 10 días la red social X tras acusar a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo. El plazo termina en principio el lunes 19 de agosto.

“No ofrecimos amnistía: EE.UU”

Estados Unidos negó haber ofrecido una amnistía al presidente Nicolás Maduro a cambio de que ceda el poder tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio, indicó un portavoz del Departamento de Estado.

"No hicimos ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otros desde la elección", declaró Vedant Patel a la prensa, a raíz de un artículo del Wall Street Journal que señalaba una propuesta para perdonar a Maduro y colaboradores suyos que afrontan acusaciones en Estados Unidos.

Washington "está considerando una serie de opciones para presionar a Maduro para que devuelva a Venezuela a la senda democrática, y seguirá haciéndolo, pero la responsabilidad es de Maduro y de las autoridades electorales venezolanas para que se sinceren sobre los resultados electorales", añadió Patel.