El Consejo de Estado admitió una demanda interpuesta por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, que busca la anulación de las resoluciones que permitieron la apertura de diálogos entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. La acción judicial plantea la violación de varias garantías constitucionales, poniendo en entredicho la legalidad y legitimidad de estas conversaciones.
Según el auto interlocutorio emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, la demanda cumple con los requisitos formales establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En consecuencia, se procederá a evaluar la solicitud de nulidad de las resoluciones núms. 257 y 279, expedidas en julio de 2024, mediante las cuales se autorizó un espacio de conversación sociojurídico con las AGC y se reconoció a representantes de este grupo armado para participar en dichas negociaciones.
Argumentos del demandante
Wilson Ruiz, en un comunicado de prensa, subrayó su preocupación por el tratamiento que el Gobierno Nacional ha dado a las AGC, otorgándoles un estatus político, lo cual, en su opinión, desconoce los estándares internacionales en materia de reconocimiento de conflicto. El exministro cuestionó la pasividad del Gobierno frente a estos grupos armados y advirtió sobre el incremento de la violencia y la pérdida de control territorial en las zonas más afectadas.
“La voluntad por la paz es indispensable y debe demostrarse para adelantar diálogos con grupos armados. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado debilidad ante el Clan del Golfo, lo que ha favorecido una escalada de criminalidad”, afirmó Ruiz. El exministro argumenta que las resoluciones impugnadas violan artículos clave de la Constitución colombiana, como los relativos a la preservación del orden público y la seguridad ciudadana, así como disposiciones de la Ley 2272 de 2022.
La demanda busca verificar si el Clan del Golfo ha mostrado un compromiso real de cesar la violencia, el narcotráfico y otros crímenes. Además, Ruiz plantea que las negociaciones deben estar acompañadas de planes concretos de inclusión social y desarrollo económico en las regiones más afectadas por la violencia, para asegurar que los ciudadanos no queden vulnerables ante la acción de estos grupos criminales.
El proceso judicial
El proceso de nulidad, identificado con el número 11001-03-24-000-2024-00222-00, enfrentará al exministro Wilson Ruiz con el Presidente de la República, parte demandada en el caso. La decisión final podría influir significativamente en las políticas de paz del actual Gobierno y en la relación con grupos armados al margen de la ley.
Este paso judicial refleja la creciente controversia en torno a los diálogos con grupos como el Clan del Golfo, que han sido objeto de críticas tanto por parte de la oposición como de sectores de la sociedad civil, quienes piden mayor firmeza en la defensa de la seguridad y el orden público en el país.
Colombia espera con atención el desarrollo de este proceso, que podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se gestionan los procesos de paz y se aborda la criminalidad organizada en el país.