En un territorio desconocido e incierto para los negocios y el crecimiento entró la economía de México tras la aprobación de una reforma que convierte al país en el primero que elegirá a todos sus jueces por voto popular.

Calificadoras como Moody's, analistas y empresarios advierten que la enmienda puede mermar la fortaleza y las finanzas de la 12ª economía mundial, al “erosionar” el equilibrio de poderes y debilitar sus instituciones.

El saliente presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, para quien la reforma era necesaria para combatir la corrupción, desestima estas advertencias y presume que su gobierno atrajo cifras “récord” de inversión extranjera.

Pero, ¿qué implica el cambio constitucional para la inversión, el comercio y el crecimiento?

¿Qué temen los inversores?

El núcleo de sus preocupaciones es el temor de ver a un Poder Judicial deteriorado como contrapeso del Ejecutivo y el Legislativo, advierte un informe de Moody's.

“La nueva ley podría politizar los dictámenes de (...) la Suprema Corte”, además de “comprometer la independencia del sistema”, señaló la agencia.

Los inversores advierten que con jueces dependientes de elecciones “habría una inclinación a tomar decisiones basadas en lo que resuene bien entre los votantes”, dice Jason Marczak, vicepresidente del centro Adrienne Arsht para Latinoamérica, parte del think tank Atlantic Council.

Durante el mandato de López Obrador, sentencias de la Suprema Corte y otros tribunales frenaron el impacto sobre las empresas de otra iniciativa legislativa que buscaba ampliar el control estatal del sector eléctrico.

“El sistema judicial ha bloqueado anteriormente cambios legales radicales”, subraya Moody's, que mantiene a México con nota Baa2, dentro del grado de inversión, y perspectiva estable.

La reforma, sin embargo, supone un “impacto negativo alto” para la calificación soberana, según la agencia.

¿Cómo impactará al comercio?

Los cambios podrían alterar el marco legal del comercio exterior mexicano, altamente concentrado en Estados Unidos y Canadá, sus socios del T-MEC, con los que intercambió mercancías por unos 750.000 millones de dólares en 2023.

La estricta normativa que el tratado establece para sectores como el automotriz o para resolver conflictos laborales, podría verse afectada por los jueces más pendientes de los opuestos que de las leyes.

Preocupa que “los jueces no tengan en cuenta únicamente la legislación mexicana y los acuerdos con Estados Unidos y Canadá como parte del T-MEC”, añade Marczak.

La reconfiguración del poder judicial enmarcará también una revisión del T-MEC, prevista para 2026.

“Ya iba a ser una revisión muy polémica, pero si le sumamos esta enorme reforma (...) eso hará que México sea mucho más vulnerable”, apunta Carlos Ramírez, socio de la consultora Integralia.

¿Qué significa el “nearshoring”?

Los cambios en el sistema judicial “serían particularmente perjudiciales” para las futuras inversiones de relocalización de empresas desde Asia a México, advierte Moody's.

Esta tendencia, conocida como “nearshoring”, busca aprovechar las mejores condiciones logísticas y geopolíticas que México ofrece para abastecer al mercado estadounidense y se erige como gran esperanza para impulsar el crecimiento en el largo plazo.

Aunque resulta improbable que estos flujos de inversión se detengan del todo, los expertos consideran que la reforma podría enfriar el entusiasmo de muchas empresas.

“Las reformas aportarán un nivel adicional de cuestionamientos en los directorios” de las compañías, preocupadas por la certidumbre jurídica de sus inversiones, señaló Marczak.

López Obrador resta importancia a estos pronósticos y asegura que 2024 será “el año con más inversión extranjera en la historia de México”.

¿Frenará el crecimiento?

Eventuales perjuicios a la inversión y el comercio afectarían finalmente el crecimiento esperado del PIB, que antes de la reforma ya fue recortado por el Banco de México (central), de 2,4 % a 1,5 % para este año y de 1,5 % a 1,2 % para 2025.

“Es muy posible, por la reforma al Poder Judicial, que la economía mexicana caiga en un largo estancamiento y no se descarta una recesión”, señaló vía X Gabriela Siller, directora de análisis del banco BASE.

Como augurio, el peso mexicano tocó mínimos de dos años justo antes de la aprobación parlamentaria, pero rebotó luego impulsado por tomas de ganancias.

La firma Oxford Economics señala que aunque la reforma no mermará inmediatamente el crecimiento, enfriará la inversión privada, que podría caer hasta 12% por debajo de lo previsto, arrastrando con ello al PIB.

Moody's, en tanto, coincide en que “un shock de confianza prolongada” frenaría la inversión empresarial y reduciría el crecimiento después de 2025.

“Hasta las últimas consecuencias”

La iniciativa tensó las vitales relaciones con Estados Unidos y Canadá, que advierten sobre un daño a la seguridad jurídica en el marco del tratado comercial T-MEC.

El peso mexicano, en tanto, se apreció alrededor de 1,5 % frente al dólar impulsado por tomas de ganancias tras la aprobación de la reforma, según operadores en Nueva York. La moneda tocó mínimos de dos años a inicios de agosto presionada por preocupaciones de inversionistas sobre la independencia de los jueces.

La elección de casi 1.600 funcionarios se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo –donde el oficialismo tiene amplias mayorías– y Judicial.

Podrán postular a los actuales jueces, pero de no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.

La reforma fue aprobada con 86 votos a favor y 41 en contra, tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales en huelga y estudiantes.

Debido a ello, las deliberaciones fueron trasladadas a la antigua sede del Senado en Ciudad de México, como ocurrió una semana atrás cuando la Cámara de Diputados tuvo que aprobar la norma en un polideportivo, pues su edificio fue bloqueado.

Decenas de manifestantes se congregaron para protestar por la aprobación. “No voy a entregar (el cargo) hasta las últimas consecuencias”, afirmó en una arenga Mario Domínguez, juez de distrito del estado de Jalisco.

Los detractores también denuncian que la reforma en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a Morena en el poder.

Además, advierten que limita la carrera administrativa basada en méritos, si bien la Suprema Corte refiere serios problemas de nepotismo en el poder judicial.