Más de 20,5 millones de dólares le ha ahorrado al país en los últimos años la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), solo en los casos que se ha evitado el pago de indemnizaciones a víctimas en los hechos sucedidos en Santo Domingo, Palacio de Justicia, Ángel Alberto Duque y Operación Orión.

Así lo dio a conocer el director de la Andje, Luis Guillermo Vélez Cabrera, al señalar que en la actualidad hay solo seis demandas contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El funcionario alertó de que en el caso de que se continúe el pago de las megapensiones el país tendría que poner de su presupuesto unos 50 billones de pesos en los próximos 20 años.

El funcionario dijo que este es uno de los casos en los que trabaja la entidad y que busca dar justicia y equidad  los derechos de retiro que tienen los colombianos.

Igualmente la Andje trabaja en temas como las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son dos instancias distintas para la solución de los conflictos.

Vélez Cabrera, señaló que este, el de los litigios económicos y jurídicos es uno de los ejes del proceso de empalme que se adelanta con el equipo del presidente electo Iván Duque, pues tiene un realce importante en varios de los aspectos que afectan las finanzas y la justicia en el país.

EL NUEVO SIGLO: Uno de los temas que llama la atención del país y que está en proceso ante la CIDH, es el de las megapensiones. ¿Cómo va ese proceso?

LUIS GUILLERMO VÉLEZ: No hay duda que es una petición indignante, pues en Colombia hay una gran cantidad de pensionados, cerca de un 1,7 millones, que reciben como mesada mensual entre uno y dos salarios mínimos. Y hay 1.093 colombianos que devengan unas sumas enormes en sus mesadas. La Corte Constitucional decidió hace un par de años poner un tope, pero algunas de estas personas beneficiaras de las megapensiones han llevado este caso ante la CIDH.

ENS: ¿Ante esta situación que se espera de la CIDH?

LGV: Esperamos que la Comisión tome una decisión clara no solamente en proteger los derechos la mayoría de los colombianos pensionados que tiene mesadas muy pequeñas, sino en cuidar las finanzas del Estado.

ENS: ¿De qué tamaño es el impacto fiscal de esta petición ante la CIDH?

LVGV: En caso de que revierta la decisión de la Corte por parte de la organización internacional se produciría un impacto fiscal cercano a los 50 billones de pesos en los próximos 20 años, es decir un traslado de los colombiano más pobres a estos pocos beneficiados con la norma en solamente cuatro peticiones, pero al haber una decisión en contra del Estado, esta cobijaría a todos quienes han logrado obtener las megapensiones.

Falsos positivos

ENS: Otro de los temas que se estudian es el de los llamados falsos positivos. ¿En qué instancia se encuentra?

LGV: Este es un caso delicado y muy sensible para los colombianos. Sigue en etapas prematuras del trámite. La CIDH decidió acumular y tramitar de manera conjunta 39 peticiones en las que se alega que las presuntas víctimas fueron ejecutadas por miembros del Ejército Nacional, que habrían alterado el lugar de los hechos y cambiado sus vestimentas, para poder reportarlos como miembros de grupos armados ilegales que habrían sido dado de baja en combate.

ENS: ¿Qué acciones va a desarrollar la Andje en este tema?

LGV: Lo que se va hacer es continuar con las acciones de defensa del Estado, para presentar los hechos como se dieron y no como los han presentado, por razones políticas algunos de los peticionarios.

ENS: Pero los procesos ante estas instancias internacionales son muy largos…

LGV: Por ejemplo en la caso de la parapolítica tenemos 18 casos que fueron presentados hace más de 10 años y que han sido recientemente notificados al Estado. Es un trámite muy lento, podemos decir que en la justicia colombiana es mucho más rápida que la internacional.

Los trámites

ENS: ¿Cuántos trámites surte Colombia ante la Comisión o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

LGV: Son muy pocos los casos que llegan a estos tribunales internacionales. Por ejemplo, desde su creación se han realizado 912 peticiones a la Comisión; de estas 378 han sido admitidas, 164 casos tienen informe de fondo, 6 casos han sido concluidos con recomendaciones y solo 6 casos han llegado a la Corte de los cuales hay 3 sentencias, 2 en espera y 1 que apenas comienza su trámite.

Solo el 0,02 por ciento de los casos que se presentan a la Comisión llegan a la Corte. Hay hecho muy curiosos que no son demandas sino peticiones y que en los medios y en la calle se toman como demandas contra el Estado sin serlas.

ENS: En el terreno internacional, ¿qué casos importantes se enfrentan?

LGV: Tenemos 10 u 11 casos de arbitraje de inversión. Hemos contratado a las mejores firmas del mundo para que asuman la defensa del país. El Estado colombiano ha obrado con toda responsabilidad con sus obligaciones y siempre le ha dado bienvenida a la inversión extranjera que genera riqueza y empleo al país.

ENS: Uno de esos casos que vaya avanzando…

LGV: Uno que se puede destacar es de la firma suiza Glencore, basado en el Tratado de Protección de Inversiones de Suiza, esperamos que se tenga un fallo a finales de este año y luego vienen los litigios relacionados con la reversión de activos de la telefonía móvil celular.

ENS: El caso de Eletricaribe y Gas Natural Fenosa…

LGV: Es un arbitramento que se está conformando y estamos en la contestación de la demanda en estos momentos.

Empalme

ENS: ¿Este tema cómo se trata en el empalme con el nuevo Gobierno?

LGV: El tema de la legitiosidad internacional de Colombia es importante para el nuevo Gobierno. Una parte importante de esta tiene que ver con el sistema interamericano y otra con el arbitraje de inversión. En ambos casos se tiene implicaciones políticas y fiscales. Colombia ha sido y seguirá siendo un país muy respetuoso de sus obligaciones internacionales, se toma muy en serio esos procesos, los defiende y los litiga con mucha asertividad y decisión y así se debería seguir haciendo.