Preocupación por los asesinatos y judicializaciones a líderes sociales manifestará mañana el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuando presente su informe sobre la Misión en Colombia.
El “XXIV Informe Semestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia” (MAPP/OEA) será presentado mañana por la tarde en Washington por el también diplomático uruguayo ante el Consejo Permanente de la Organización.
El informe, conocido por EL NUEVO SIGLO, pondrá de presente que diversas disposiciones del acuerdo con las Farc “relacionadas con el tema rural, el acceso más equitativo a la tierra y los territorios, el desarrollo de las zonas más golpeadas por la violencia y la participación política de las víctimas, entre otros, han encontrado dificultades en su desarrollo, representando un reto de grandes proporciones para la institucionalidad, ya que si no existe una respuesta adecuada a estas causas y no se incide en los aspectos que las sustentan, la recurrencia de expresiones de fuerza o la oferta criminal, subsidiarias al déficit estatal, pueden ganar espacio rápidamente, alargando la espera para consolidar de manera definitiva la paz en los territorios”.
De otra parte, tras renovar su apoyo y colaboración al proceso de negociación con el Eln, Almagro manifestará que “resulta clave la consecución de un cese bilateral amplio con mecanismos de verificación adecuados que asegure la llegada a los territorios, y la continuidad en la ruta emprendida respecto al punto uno de Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz”.
Almagro le expresará al Consejo Permanente la preocupación de la Secretaría General por “la persistencia de las disputas entre la guerrilla del Eln, Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO) por el control territorial en los territorios dejados por las Farc-EP, acentuándose en las zonas donde los recursos naturales y las condiciones para la realización de actividades ilegales son adecuadas para sus intereses y donde el Estado no llega eficientemente”.
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Aunque “resalta los esfuerzos de las autoridades por desarticular estas estructuras”, dirá mañana Almagro, que la OEA “considera necesario fortalecer el control efectivo del Estado en todo el territorio nacional e incrementar la presencia y permanencia de la Fuerza Pública, en aquellos territorios donde se ha identificado la presencia de otros actores armados con intención de controlar las zonas de antigua presencia de las Farc-EP, con el fin de brindar garantías efectivas de seguridad para toda la población”.
“La continuidad de asesinatos, amenazas, atentados, desplazamiento forzado y estigmatización contra liderazgos sociales, constituyen una situación de máxima preocupación”, resalta el informe que presentará Almagro, considerando “pertinente diferenciar cada contexto territorial, y las dinámicas asociadas al conflicto armado y la conflictividad social; así como identificar las motivaciones sociales, culturales, políticas y económicas que determinan las afectaciones a liderazgos sociales, para el adecuado abordaje de este fenómeno, avanzando en investigaciones que no se limiten en la identificación del autor material, sino que indaguen por los posibles actores intelectuales”.
Al hablar del monitoreo de la OEA al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Almagro expondrá que se “ha evidenciado desconfianza por parte de las comunidades frente su cumplimiento, dada la falta de celeridad en la implementación del programa, sumado a la presencia de actores armados ilegales que dinamizan las economías ilícitas y generan afectaciones sobre quienes ejercen liderazgo en torno a los procesos de sustitución voluntaria”.
“Varios aspectos relacionados con la implementación del PNIS, como la necesidad de una reforma rural integral, requieren de un andamiaje institucional articulado para el tratamiento de temas como el acceso a tierras, y el asentamiento de comunidades campesinas al interior de territorios colectivos de comunidades negras, resguardos indígenas, parques nacionales naturales y territorios baldíos de la nación, entre otros aspectos. De igual forma, se requieren reglamentaciones claras frente a aspectos como el número máximo de hectáreas a sustituir por núcleo familiar, la diferencia entre pequeños y grandes cultivadores, y la vinculación de personas y familias no cultivadoras cuyos ingresos deriven de la cadena de producción de drogas a los programas de sustitución, entre otros temas”, precisa el informe.
En este sentido, anota el documento, la “estrategia de erradicación forzada en cabeza de la Fuerza Pública, conforme a lo informado por el Ministerio de Defensa Nacional, avanza a buen ritmo”, pero “tal avance es percibido por las comunidades como un proceso que genera choques y que se encuentra desarticulado con la implementación del PNIS. En este contexto, para las comunidades rurales cuyo mínimo vital depende de los cultivos de hoja de coca, las jornadas de erradicación forzada sin la implementación del PNIS han generado un rechazo generalizado hacia las labores de erradicación; rechazo que se ha traducido en bloqueos, protestas, manifestaciones y fuertes movilizaciones que en ocasiones escalan en choques violentos con las comunidades que se oponen a la erradicación sin sustitución”.
Más adelante, el informe que le leerá mañana Almagro al Consejo Permanente indica que se “ha observado una percepción en los territorios de aumento en la judicialización a líderes y lideresas entre el año 2016 y 2017. Al respecto, muchas personas pertenecientes a los procesos organizativos y de la comunidad han sido insistentes en negar que las personas capturadas y/o judicializadas estén vinculadas a algún grupo armado o hayan cometido algún delito. En este sentido, la institucionalidad asegura que estas capturas se dan en el marco de la lucha contra organizaciones criminales y terroristas, mediante el ataque a presuntas redes de apoyo para que el grupo armado ilegal empiece a debilitarse. A partir del monitoreo, se evidencia que las pruebas en los procesos se suelen centrar en declaraciones juradas, habitualmente de personas desmovilizadas, reconocimientos fotográficos e interceptaciones telefónicas”.
Almagro dirá que considera que “es importante contar con más elementos probatorios aparte de la prueba testimonial, ya que ésta tiene limitaciones de objetividad, neutralidad e imparcialidad”.