Una alerta lanzó la Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) frente a la atención y ayudas que el Gobierno nacional y las autoridades regionales están dando a los más vulnerables por motivo de la emergencia sanitaria producto del nuevo coronavirus, en este caso a la gente que ha sido desarraigada de sus territorios por la violencia.

Esta ONG dijo que no se está pidiendo un trato especial para esta población, mas sí que sea diferenciado teniendo en cuenta las particularidades de su problemática.

Marco Romero, director del Codhes, se mostró alarmado en EL NUEVO SIGLO porque  a pesar de la pandemia los grupos armados ilegales no han frenado su accionar violento en las regiones asesinando líderes sociales y provocando desplazamiento y confinamiento.

“No estamos pidiendo que las víctimas tengan un tratamiento privilegiado, pero sí que se atiendan y se tomen medidas especiales de destinar mayores recursos para garantizar que tengan un mínimo vital, en la medida que está demostrado que tienen unas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica muy fuertes en las grandes ciudades de Colombia”.

Romero llamó la atención porque también en algunas regiones del territorio nacional donde se han presentado y perviven en alguna medida los fenómenos del desplazamiento y el confinamiento, como el Pacífico, el sistema de salud es bastante precario.

Agregó que se suma que hay “ciudades en donde los niveles de desempleo son altísimos, como en Buenaventura”.

Agregó que “normalmente estos sectores tienen mayores dificultades para acceder a un ingreso básico. Creo que las medidas que se han tomado son importantes, pero son abiertamente insuficientes para atender las necesidades de estos grupos sociales”.

Romero dijo también que esta pandemia “ha puesto en evidencia las inequidades estructurales de la sociedad colombiana, sobre todo un punto: y es que no tenemos un sistema de protección social que sea capaz de abarcar a todos esos contingentes de población”.

Dijo Romero que un tercer aspecto que les preocupa “es que  desafortunadamente siguen dándose asesinatos de líderes sociales en departamentos como el Cauca, en departamentos del Pacífico, en Putumayo hemos visto, en Catatumbo”. Remarcó el estudioso del desplazamiento en Colombia que “aquí la gente no está confinada solo por el coronavirus sino por las dinámicas de la guerra”.

Adicionó que no se puede invisibilizar esta problemática, “desafortunadamente no hay tregua ni siquiera en tiempos de una pandemia frente al asesinato de líderes sociales”.

La semana anterior la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, anunció que el Gobierno nacional, con autorización del presidente Iván Duque, anticipará las indemnizaciones administrativas de mayo y junio a beneficiarios de la Unidad para las Víctimas, debido al Aislamiento Preventivo Obligatorio.

“Vamos a anticipar las indemnizaciones administrativas del mes de junio y de mayo, y las vamos a pagar en abril. Vamos a llegar a 50.100 víctimas”, dijo Correa.