EL CONTRALOR General de la República, Carlos Hernán Rodríguez pidió al ministro de Educación prestar atención urgente al tema de la financiación de las universidades públicas del país y reclamó que, para este efecto, haya una colaboración entre los gobiernos nacionales y territoriales, las instituciones educativas y actores sociales.

Para el funcionario, es necesario que exista un compromiso en la asignación de recursos, así como resolver las preocupaciones que se presentan frente a las variaciones significativas de los pasivos pensionales de las universidades públicas y el flujo de dineros para el cumplimiento de estas obligaciones.

Consideró, además que las universidades públicas vienen sufriendo una desfinanciación estructural. Y sugirió revivir el debate sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 del 92, de tal manera que se garantice una adecuada financiación para que cada una de las universidades, acorde con sus particularidades, pueda sacar adelante su financiación y que el riesgo no sea marchitar el sistema y deteriorar la calidad que se ha venido alcanzando, mientras se aprueba una política de financiación adecuada, que no tiene que estar sujeta a esa reforma.

El contralor Rodríguez Becerra expresó preocupación por el tema pensional de las universidades públicas. A partir de la Ley 100 del 93, se reconoció la financiación de las pensiones de las universidades públicas. El giro de los recursos de los fondos de pensiones para el caso de las universidades públicas, del orden territorial, de acuerdo con las normas, no se viene realizando oportunamente, lamentó.

Agregó que los pasivos pensionales de algunas universidades muestran variaciones significativas entre 2022 y 2023, según datos de la Contaduría General de la Nación. Por ejemplo, universidades públicas como la del Valle, Cauca y Antioquia presentan altos incrementos en sus pasivos pensionales.

Finalmente, sostuvo que el control fiscal en la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de Santander (UIS) es ejercido por las respectivas contralorías territoriales y llamó la atención las Contralorías Departamentales del Valle del Cauca, Antioquia y Santander para que destinen un equipo que le haga seguimiento especial.