LA DEFENSORÍA del Pueblo alertó que los enfrentamientos armados entre grupos ilegales como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las disidencias del Frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF) y el Eln han provocado “el desplazamiento masivo de comunidades y generado un alto riesgo para la población civil de las subregiones del Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca en Antioquia, así como en el sur del departamento de Bolívar”.

Indica la Defensoría que “la expansión del EGC ha incrementado el riesgo de confinamientos, desplazamientos masivos y violencia selectiva contra la población civil. Su presencia se ha extendido de 213 municipios en 2019 a 345 en 2024, lo que representa un aumento del 62% y lo consolida como el grupo armado ilegal con mayor presencia en el país”.

La Defensoría del Pueblo había reportado estas dinámicas en las Alertas Tempranas 045-20 y 034-23, donde se señalaba la presencia y accionar de grupos armados ilegales en la región, así como riesgos para líderes sociales, campesinos, comerciantes, población migrante, entre otros.

Seguridad

La entidad reiteró la necesidad de que las Fuerzas Armadas garanticen la seguridad territorial, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, se insta a la activación de espacios de articulación para el retorno seguro de las familias desplazadas, el fortalecimiento de medidas de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres, y la garantía de justicia en los casos de homicidio. De igual manera, es crucial brindar atención humanitaria continua y adecuada a las comunidades afectadas.

Consideran que el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario al que se encuentra expuesta la población civil de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, es extremadamente alto.

“Hay varios factores que inciden en al menos la configuración dos escenarios de riesgo: uno que se presenta de manera estructural, y el otro, que se materializa de forma coyuntural, desde los intereses políticos, sociales y económicos de actores armados no estatales parte del conflicto armado y grupos armados de crimen organizado, estos últimos normalmente al servicio de los primeros, que usufructúan el territorio imponiendo sus lógicas violentas de poder sobre las comunidades”, puntualizan las denuncias.

Más riesgos

A juicio de los funcionarios de la Defensoría, “el escenario de riesgo en la subregión del Bajo Cauca presenta una perspectiva estructural y otra coyuntural. El escenario estructural se encuentra definido por una exclusión histórica de la subregión de los proyectos de desarrollo y bienestar social nacional y regional, lo que ha llevado a concebir este territorio como propicio para desarrollar economías de enclave formales e informales, que han aportado un muy reducido beneficio directo para estas comunidades”.

Sostiene en su alerta, que “varios municipios de esta subregión tienen fundaciones coloniales que datan de mediados del siglo XVII, como Cáceres, Zaragoza y Nechí. Desde entonces, han sido considerados como zonas de producción minera de oro, y a partir del siglo XIX, las tierras de Tarazá, Caucasia y Cáceres, como ganaderas. Aunque hacen parte de las primeras fundaciones en el departamento de Antioquia, el nivel de desarrollo de estos municipios está muy por debajo de la media regional, con déficit estructural en la inversión pública, que es bastante precaria en los seis municipios de la subregión, que están ubicados en quinta y sexta categoría”.

“Tal abandono estructural del Estado con la región es aprovechado coyunturalmente por cada actor armado que ha impuesto a sangre y fuego sus intereses sobre la comunidad y el territorio”.

Causas

Asimismo, sostiene el informe de la Defensoría, “la excarcelación de algunos exintegrantes de las AUC, en el marco de los procesos de Justicia y Paz ha servido para avivar la llama de la violencia en la subregión en los últimos dos años y medio, pues la tendencia es que mandos medios de estos bloques recuperaran los territorios que estaban bajo su control antes de la extradición de mayo de 2018. Además de la conflictividad violenta entre estas estructuras, subsiste en el territorio la presencia de otras organizaciones armadas como el Eln y la facción disidente de las ex Farc-EP autodenominada Frente 18. Ambas hacen acuerdos tácticos con estos grupos armados con el objetivo de fortalecer su presencia y sus recursos económicos y logísticos, y también entran en confrontación con grupos sucesores del paramilitarismo y Fuerza Pública, con impactos importantes sobre el ejercicio de los derechos humanos de la población civil”.

Por otra parte, hace pocos días, la misma Defensoría del Pueblo, emitió la Alerta Temprana 001-25, con el fin de advertir los graves riesgos que enfrenta la población civil en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca (sector de Piamonte), luego de la fragmentación del anteriormente conocido Estado Mayor Central. “La reconfiguración de estructuras, tensiones y confrontaciones armadas entre grupos disidentes liderados por alias ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’ han supuesto, en algunos casos, riesgos extremos, particularmente en medio de confrontaciones bélicas entre las partes y sus efectos humanitarios. Este es el caso de zonas como Solano y Cartagena del Chairá, en Caquetá; Puerto Santander en Amazonas; Mesetas en el Meta; Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo; y recientemente en Calamar, Guaviare”, aseguran.