Mientras sigue la incertidumbre por la suerte del hijo del Alcalde de El Carmen, nada se sabe sobre alias ‘Guacho’ y alias ‘Cabuyo’

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Los hechos de violencia, que se esperaba disminuyeran con el acuerdo de paz con las Farc y las negociones con el Eln, continúan aunque con actores de diferentes nombres y motivaciones.

Es así como la convulsa región de El Catatumbo no ha tenido respiro y a los dramas que a diario se viven por las actividades de ‘Los Pelusos’ y su disputa con un reducto del Eln, se suma el secuestro de un niño de cinco años, el hijo del Alcalde de El Carmen, sin olvidar que día a día se registran hechos violentos, se generan confinamientos y desplazamientos.

Hay que agregar a su vez una serie de situaciones que llevan a preguntarse ¿qué está pasando con las autoridades?, por la sencilla razón de que la anhelada paz no se siente y, por el contrario, aumentan los hechos de violencia.

Pero no son únicamente los casos protagonizados por grupos armados al margen de la ley con el Eln, las disidencias de las Farc, ‘Los Pelusos’ o el ‘Clan del Golfo’ lo que atormenta a los colombianos. No. A ellos se suman casos como el de la funcionaria del IDRD que fue asesinada en Bogotá, la muerte de una niña de nueve años en Fundación, Magdalena, cuyo asesino quemó el cadáver, sin mencionar otros casos que a diario suceden y que pasan desapercibidos.

Caso Cristo José

Uno de los hechos que conmocionó al país por estos días fue el secuestro del niño Cristo José Contreras, que a sus cinco años de edad ya vive en carne propia la dureza de este flagelo, y todo por ser el hijo del Alcalde de El Carmen, en la convulsionada región de El Catatumbo.

El menor fue secuestrado hace ya tres días cuando se dirigía al colegio y fue interceptado por hombres que se lo llevaron en una moto y desde ese momento y hasta ahora solo se sabe que las autoridades de Norte de Santander, el Defensor del Pueblo y los familiares fueron engañados con la noticia de que había sido liberado en la tarde del miércoles, noticia que, con cautela, fue celebrada por el presidente Iván Duque, ante el asedio de la prensa.

Por informaciones que contribuyan a la liberación de Cristo José, las autoridades están ofreciendo una recompensa de 150 millones de pesos, pero más allá de ello, lo que inquieta es que esa región continúa siendo violenta, que la disputa entre ‘Los Pelusos’ y el Eln no da tregua y que las autoridades no han podido acabar con esta reyerta territorial motivada en gran parte por los cultivos de coca.

Inicialmente la Gobernación de Norte de Santander había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos, luego esta subió a 100 millones y ahora es de 150 millones de pesos.

El alcalde del municipio de El Carmen, Edwin Contreras Chinchilla, y su familia viven horas de dolor e incertidumbre y solo esperan que Cristo José retorne a casa sano y salvo.

Según el subdirector de la Policía, general José Ángel Mendoza, en la región se encuentran más de 200 uniformados, tanto de esa Institución como de las Fuerzas Militares, adelantando una operación candado para dar con el paradero del menor de edad.

En la zona, según la Policía, operan el Eln y el Epl, conocidos como “Los Pelusos” y otras bandas de delincuencia común.

Yesid Contreras explicó que su padre (abuelo del menor) también fue secuestrado en febrero del año pasado por hombres que dijeron ser del Eln, versión que nunca fue confirmada por las autoridades, y después de 15 días fue liberado.

¿Y alias ‘Guacho’?

Pero si la situación en El Catatumbo es compleja, en Nariño no se queda atrás y todo por cuenta de ‘Guacho’ y otros grupos armados al margen de la ley que utilizan la zona para los cultivos ilegales y el puerto de Tumaco para sacar cargamentos de cocaína.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que desde el pasado 15 de septiembre, cuando al parecer Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, disidente de las Farc que ganó poder con el negocio de la coca y se hizo más notorio con el asesinado de un equipo de periodistas de El Comercio de Ecuador y el secuestro de algunos otros ciudadanos de ese país –del que es oriundo-, fue herido de dos disparos, no se ha vuelto a saber nada.

El despliegue de la Fuerza Pública para capturarlo o abatirlo fue amplio y la búsqueda se mantiene en el cuadrante selvático de 10 kilómetros cuadrados entre Magüí Payan y Roberto Payan.

A parte de que fue herido, de que huye con un reducido grupo de hombres y que la búsqueda continúa, lo único que se sabe es que dos infantes de Marina serán expulsados por filtrar información sobre los operativos que se adelantan para capturarlo o abatirlo.

Es decir, como lo indicó el presidente Iván Duque, lo único cierto es que “seguimos en la cacería de ese delincuente conocido como alias ‘Guacho’”.

¿Y Cabuyo?

Contra el señalado responsable del asesinato de tres geólogos de Continental Gold en el corregimiento de Ochalí, municipio de Yarumal, Antioquia, las autoridades lanzaron un operativo que dejó a cinco de los hombres de este disidente muertos, pero de la suerte de Ricardo Abel Ayala Urrego, nada en concreto se sabe.

‘Cabuyo’ es disidente del frente 36 de las Farc y presunto responsable de la masacre de Yarumal y de otras acciones en varios municipios del norte de Antioquia, especialmente en Ituango, Briceño y Valdivia.

Hace ya más de una semana, mientras un grupo de trabajadores se encontraba en una vivienda ubicada en el corregimiento de Ochalí, fueron sorprendidos por más de siete hombres armados que se identificaron como disidentes del frente 36 de las Farc, y fueron asesinados.

De 'Cabuyo' se sabe que se dedica a controlar los cultivos ilícitos y la explotación ilegal de oro en una amplia zona de Antioquia, luego de que decidiera apartarse del proceso de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

Desde enero de este presente año su nombre empezó a tomar más valor entre las autoridades por su accionar delictivo en los municipios de Briceño e Ituango, poblaciones donde se presentó un incremento significativo en la cifra de homicidios. Por ‘Cabuyo’ se ofrecen $100 millones de recompensa.

A los hechos de violencia asociados con grupos armados al margen de la ley se suma el asesinato de Diana Patricia Gómez, quien se desempeñaba como funcionaria del IDRD, ocurrido al sur de Bogotá.

Según las primeras investigaciones la mujer se desplazaba en compañía de otras dos personas por el sector del barrio Villa Natalia en la localidad de Bosa, cuando fue abordada por delincuentes que le dispararon por hurtarle la bicicleta.

Gómez, hacía parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, era madre de dos hijos de 19 y 15 años.