Hay otros factores que podrían tener conexión, unos asociados a la Ley 906

La inseguridad en las principales ciudades del país sigue creciendo, al tiempo que lo hace el temor de los ciudadanos que muchas veces terminan pensando que la justicia no opera. El presidente Iván Duque adoptó la estrategia ‘El que la hace la paga’, durante 100 días, con la cual espera reducir drásticamente los índices de criminalidad.

No obstante, algunos consideran que este es un problema multiforme que en los últimos dos años ha sido alimentado por el posconflicto tras el acuerdo de paz con las Farc.

El abogado penalista Hugo Quintero dijo a EL NUEVO SIGLO, que “la inseguridad ciudadana es un problema normalmente que suma varios factores: obviamente uno es la falta de respuesta de la justicia, y si se entiende como administración de justicia únicamente lo que son los fallos judiciales y el funcionamiento de los jueces. Pero hablar de justicia empieza desde la actuación de la policía  porque tiene que recaudar las pruebas, presentarlas al juez. Entonces en la medida que la Fiscalía y la policía judicial no hagan bien el trabajo, pues es muy difícil que los jueces puedan hacer el suyo”.

Anotó que hay otro problema, “la Ley 906 de 2004, que es la que está vigente, introdujo un problema adicional para la justicia y es que aumentó el papeleo. Al aumentar el papeleo muchos policías se abstienen de capturar a las personas formalmente, lo que hacen es que los detienen mientras le quitan lo que le robaron a la víctima. Lo meten 12 o 24 horas en un calabozo y vuelven y lo sueltan”.

Agregó Quintero, que “también hay un problema social, uno no puede olvidar que los delitos contra el patrimonio tienen sobre todo un origen que se explica en falta de oportunidades, especialmente en la juventud. Un muchacho que está vagando en su barrio después de que sale del colegio, no tiene ninguna actividad extracurricular, no puede trabajar, no tiene ni siquiera recreación, es fácil presa de las bandas criminales y puede terminar cometiendo pequeños delitos en principio hasta que termina en una escalada criminal”.

“Otro problema de la inseguridad ciudadana es que también responde a unos factores asociados con la finalización del conflicto. La mano de ‘obra’ que usaba el conflicto queda liberada, queda con armas, sin dinero y sin qué hacer. Y por eso se puede hacer una relación directa de las ciudades que tienen alto índice de violencia con problemas de desmovilización cercanos. Eso ocurrió por ejemplo con la desmovilización de los paramilitares y la elevación de los índices de criminalidad en ciudades como Barranquilla y Santa Marta, y eso ocurre también ahora. Son fenómenos coyunturales pero que responden a causas estructurales”, puntualizó.

En abril pasado, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, dijo que “un número considerable de excombatientes ha abandonado los espacios territoriales y están cada vez más dispersos (…) la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ha registrado varios asentamientos colectivos nuevos, muchos de ellos en zonas rurales donde las Farc estuvieron presentes antes de la concentración de sus fuerzas”.

La estrategia

El presidente Iván Duque lanzó en agosto pasado el plan de choque ‘El que la hace la paga’, que se desarrollará durante los primeros 100 días y que tiene tres ejes principales: 582 grandes operaciones en contra del crimen organizado, acciones de control y prevención y 734 actividades de participación cívica.

El Jefe del Estado señaló que esas 582 grandes operaciones se dirigirán en contra de “delitos como el secuestro, la extorsión, como el abuso, la agresión y la intimidación de niños; donde enfrentemos el feminicidio, donde enfrentemos el fleteo, donde enfrentemos todas las estructuras del crimen organizado en nuestras ciudades capitales”.

Subrayó que esta estrategia debe marcar la pauta de un Gobierno que busca la construcción de seguridad con legalidad, la paz con legalidad y la gobernabilidad “sobre la base de que el ciudadano se sienta en pleno ejercicio de sus libertades.

Puso de presente que “este trabajo será articulado entre todas las unidades de nuestra Policía Nacional” y señaló que se le dará “vida a iniciativas tan importantes como las redes de participación ciudadana, porque queremos que nuestra Policía trabaje muy de la mano con la comunidad en la identificación de las amenazas y la neutralización de las mismas”.