Frente a las dificultades que sufren los niños migrantes venezolanos, relacionadas con garantizar su derecho universal a la educación, el concejal José David Castellanos radicará un proyecto de acuerdo que busca que los niños y jóvenes venezolanos asistan a los colegios de la ciudad y que los años cursados les sean reconocidos en otras ciudades e incluso en otros países para que haya continuidad en su proceso escolar. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), para mayo de 2018, el 91,2% de los hogares en condición de vulnerabilidad eran de origen venezolano.

Se estima que un 47,1% de los niños migrantes no ha podido acceder a educación formal en Colombia. A pesar de que más de 3 mil niños venezolanos fueron matriculados en lo que va del 2018 en Bogotá, al no contar con la documentación en regla, no tienen la posibilidad de que el Distrito les otorgue títulos que comprueben esos estudios realizados, o certifique los grados aprobados. Hasta que el Distrito no establezca mecanismos para certificar lo cursado se está generando un perjuicio a la continuidad del proceso de formación en cualquier parte del mundo. Mediante este proyecto de acuerdo se pretende que la Administración Distrital realice convenios con instituciones educativas venezolanas para que estas certifiquen y validen estos estudios realizados en Bogotá.

Le puede interesar: Buscan estrategias para enfrentar violencia sexual contra menores.

Según Castellanos, “cuando el estudiante va a matricularse no es posible determinar a qué curso debe ingresar, pues el certificado escolar no puede ser homologado en Colombia”. Debido a las dificultades institucionales para legalizar el documento en Venezuela, en el 90% de los casos los niños llegan sin un título legal para homologar sus estudios. El Estado está obligado a proteger el derecho fundamental a la educación de los menores venezolanos. No importa si se encuentran en condición regular o irregular en el país, “este es un derecho que se deriva de la dignidad humana y no puede depender de que se encuentren legalizados en Colombia, pues el Artículo 100 de nuestra Constitución establece que los colombianos y los extranjeros deben gozar de los mismos derechos” afirmó el Concejal.