Se conoció este lunes que el pasado viernes la administración de Juan Manuel Santos radicó en el Congreso de la República, a través del Ministerio de Defensa Nacional, su último proyecto de ley, en este caso para regular situaciones en las cuales pueden ser desplegadas las Fuerzas Militares y el marco jurídico aplicable para el empleo del uso de la fuerza.

Se busca de esta forma, plena claridad sobre la materia que dé seguridad jurídica a los uniformados, especialmente en su accionar contra los Grupos Armados Organizados (GAO).

La cartera de Defensa Nacional explicó que “actualmente, uno de los mayores retos que afronta la Fuerza Pública es la lucha contra los GAO y los Grupos Delictivos Organizados (GDO), y para esto se requieren acciones contundentes que en muchas ocasiones conllevan el uso de la fuerza letal”.

Este proyecto de ley  busca unificar el cuerpo normativo del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una ley, determinando el marco jurídico aplicable a los distintos escenarios de intervención de las Fuerzas Militares: en tiempos de paz; en situaciones en que se configuran las condiciones objetivas para hablar de conflicto armado internacional o no internacional; y en el despliegue de fuerzas en escenarios internacionales.

Además, busca desarrollar una herramienta que brinde claridad jurídica a los jueces a la hora de valorar las actuaciones de la Fuerza Pública.

En últimas, explicó el Ministerio de Defensa Nacional, “se pretenden dotar de seguridad jurídica las actuaciones de la Fuerza Pública en la lucha frontal contra la criminalidad organizada, especialmente en el escenario que surgió después del conflicto armado con las Farc que ha significado avanzar en el proceso de estabilización y consolidación del territorio nacional. Sin duda, esta iniciativa generará en los miembros de la Fuerza Pública una mayor confianza y seguridad, y con ello mayor eficiencia a la hora de actuar”.

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Directiva

A raíz del recrudecimiento del accionar de los GAO como el Clan del Golfo, la aparición de otras bandas criminales y de las disidencias de las Farc para ocupar los territorios que dejó libre la desmovilizada guerrilla luego del acuerdo de paz con la administración Santos, el Ministerio de Defensa expidió el 26 de octubre la Directiva No. 037, que no solo caracterizó a los grupos GAO sino que, explicó, le brinda a la Fuerza Pública el marco jurídico para hacer uso de todos los instrumentos legales en la lucha contra estas organizaciones en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

Esta Directiva estableció conceptos conforme a los estándares internacionales e impartió directrices al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Dirección de la Policía, de denominación de las amenazas y el uso de la fuerza, los cuales, explicó en su momento el Ministerio de Defensa, garantizan la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones.

“El documento de carácter reservado fortalece el trabajo conjunto, coordinado e interagencial, que le permitirá a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, actuar de manera contundente frente a las nuevas estructuras que no se acogieron al acuerdo de paz con el Gobierno nacional y que afectan la seguridad de los colombianos constituyéndose en una amenaza a la estabilidad”, indicó en esa oportunidad la cartera de Defensa.

Igualmente, la Directiva 037 de 2017 asigna como Objetivos de Alto Valor Estratégico a los cabecillas del GAO-residual (disidencias de las Farc), entre quienes se encuentran Miguel Santillana Botache, alias ‘Gentil Duarte’; Gener García Molina, alias ‘John 40’; y Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’.

Dentro de la caracterización de GAO en esa oportunidad el Ministerio de Defensa incluyó además del GAO-residual al Clan del Golfo, Los Puntilleros y Los Pelusos.

Con base en la Directiva No. 037 del 26 de octubre pasado, las Fuerzas Militares han desplegado el uso de la fuerza contra los GAO, dando golpes como el registrado el 16 de mayo pasado contra un campamento de la disidencia del Séptimo frente de las Farc en Putumayo, resultando abatidos ocho de sus integrantes por un bombardeado de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), y en tierra fueron copados por efectivos del Ejército, aunque 'Rodrigo Cadete' logró escapar.

También en junio pasado, dieciséis presuntos integrantes de las disidencias de los frentes 1, 10 y 45 de las Farc perecieron en Arauca en un bombardeo en el que participaron catorce aeronaves de la Fuerza Aérea.