Con el fin de otorgarles seguridad jurídica a las actividades que desarrollan los comerciantes, de tal manera que se cumpla el principio de reserva legal para el ejercicio de las libertades económicas consagrado en el Artículo 333 de la Constitución, un proyecto de ley busca ajustar el Código de Policía para los comerciantes que han visto afectados en los trámites para su funcionamiento.

Según la ponencia presentada para primer debate, el Código de Policía estableció una serie de requisitos adicionales que se constituyen en más de 50 causales para cerrar tanto temporal como definitivamente los establecimientos de comercio.

Esta situación ha desencadenado inseguridad jurídica por la falta de conocimiento de estos requisitos por las autoridades y la ciudadanía, y la subjetividad para su exigencia, pues no existen criterios uniformes al respecto, los cuales cambian dependiendo del jefe de Policía que dirija cada departamento, municipio o distrito.

Así, se pasó de un régimen sencillo (Ley 232 de 1995), en el que los requisitos para operar eran claros y simples, a uno en el que los establecimientos de comercio se ven expuestos diariamente a múltiples causales para que sean cerrados.

Para los ponentes, si bien es cierto que el Estado debe brindar herramientas a las autoridades para efectuar las acciones efectivas de protección de la sociedad, esto no puede terminar por traducir una inseguridad para los comerciantes que cumplan con lo establecido por la ley.

Asimismo dejan en claro que este proyecto de ley no busca derogar ni debilitar el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016, al considerarla una excelente herramienta para garantizar la convivencia, en especial, en los comportamientos que se realizan en el espacio público, en las relaciones entre vecinos, en materia de minería ilegal y otros, que requieren de la acción de las autoridades. No obstante lo anterior, lo que se buscaría con la iniciativa de ley sería fortalecer y fomentar la actividad comercial, de tal forma que se requiere un régimen más simplificado de funcionamiento y un procedimiento que sea garantista.

El proyecto pretende otorgar una serie de garantías y reglas claras para que el comercio se pueda desarrollar de una forma libre y organizada, sin llegar a los extremos de establecer múltiples trámites y requisitos de funcionamiento, a su vez mejorar el Código de Policía, equilibrando un poco más la balanza, brindando mayor seguridad jurídica a los comerciantes y reorganizando las competencias de las autoridades de policía de tal forma que los agentes de policía se puedan concentrar en los casos de alteración del orden público, mientras que las alcaldías van a controlar asuntos administrativos relacionados con asuntos propios de sus secretarias como la de salud en temas de sanidad, la de planeación en materia de uso del suelo, la de ambiente en temas de ruido entre otros asuntos propios de la función de policía.